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La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, presentó el informe La prostitución y la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que examina la violencia contra las mujeres y la explotación sexual como forma, causa y consecuencia de la prostitución, evalúa los principales marcos conceptuales y terminológicos y las normas internacionales de derechos humanos y jurídicas, y hace balance de los modelos legislativos y políticos. En respuesta a la petición de aportaciones al informe, la Relatora Especial recibió unas 300 contribuciones de Estados y actores de la sociedad civil, y celebró siete consultas en línea con 86 personas expertas y mujeres que habían vivido experiencias pertinentes de todos los continentes.

La Relatora Especial subraya las graves violaciones de derechos humanos inherentes a la prostitución, como la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. La prostitución suele provocar graves consecuencias psicológicas, como pérdida de memoria, depresión, insomnio, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, disociación y tendencias suicidas, que a menudo conducen al suicidio, según organizaciones de primera línea que hicieron aportaciones al informe, y que también añaden otras muchas consecuencias graves para la salud como la exposición a enfermedades de transmisión sexual y al VIH, infecciones, infertilidad, cáncer de cuello de útero y disminución de la esperanza de vida, entre otras. 

“Ante estas realidades, he llegado a la conclusión de que la prostitución no puede calificarse de trabajoDado el inmenso daño que sufren las mujeres y niñas que ejercen la prostitución, es importante utilizar una terminología acorde con la legislación y las normas internacionales de derechos humanos. Términos como trabajo sexual higienizan la dañina realidad de la prostitución… La normalización de la prostitución, incluida la pornografía, crea expectativas sexuales perjudiciales para hombres y niños y socava la participación segura e igualitaria de mujeres y niñas en la sociedad”, afirmó Alsalem. 

La terminología utilizada en el informe se basa en la comprensión de la prostitución como un sistema de violencia que reduce a mujeres y niñas a mercancías, y la pornografía se entiende como la prostitución filmada. Después de analizar los diferentes modelos legislativos y políticos, aboga por un marco jurídico abolicionista, en el que los Estados tienen la responsabilidad de proteger y asistir a las víctimas. “Los Estados deben despenalizar la prostitución de mujeres y niñas, que deben ser tratadas como víctimas, proporcionarles apoyo integral y vías de salida, así como penalizar la compra de actos sexuales y aplicar medidas estrictas contra el proxenetismo.” Los tribunales de los países que han adoptado este enfoque han dictaminado que la prostitución es inseparable del proxenetismo y la trata de personas, atenta contra la dignidad humana y socava el derecho de las mujeres a la igualdad. Este enfoque abolicionista ha demostrado resultados positivos concretos al mejorar la situación de las personas explotadas o en riesgo de serlo, disuadir a los compradores y a terceros y reducir los estereotipos de género perjudiciales. En estos países, ha disminuido notablemente el número de asesinatos de mujeres prostituidas, llegando incluso a no registrarse ningún caso, como ocurre en Suecia. Además, en esta misma línea, el derecho internacional ha establecido la cuestión de la “irrelevancia del consentimiento” en el marco de los delitos de trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Los niveles extremos de violencia infligidos a las mujeres prostituidas —que nunca se aceptarían en otros contextos— están cubiertos por una transacción financiera, diseñada para materializar un supuesto “consentimiento” que no puede expresarse libremente en el sistema de la prostitución.

La Relatora Especial ha sido muy clara en este valiente y durísimo informe denunciando abiertamente la cruda realidad y toda la violencia que soportan las niñas y mujeres más vulnerables en todo el mundo, sus vidas destrozadas y las terribles consecuencias para su salud. Su valentía y la de las personas que han aportado a este informe desde diferentes entidades a nivel global, deben remover conciencias, especialmente en los países en los que, contradiciendo las normas internacionales de derechos humanos, todavía existe una legislación que protege más a los agresores que a las víctimas.

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