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El acoso sexual en las universidades es un problema profundamente arraigado y sistemáticamente silenciado. Las personas que se atreven a denunciar enfrentan no solo la difícil tarea de confrontar a sus agresores, sino también una serie de represalias institucionales diseñadas para mantener el silencio y “proteger” la reputación de la institución.

Un caso anónimo ilustra esta realidad, una estudiante sufrió acoso sexual por parte de un profesor. Al principio, dudó en denunciar, pero con el apoyo de amistades y un grupo de apoyo dentro del campus, decidió dar el paso. Presentó su queja ante la administración universitaria, esperando justicia y protección.
Sin embargo, la respuesta institucional fue todo lo contrario. Ella y quienes la apoyaban fueron llamados a reuniones “confidenciales” donde se les advirtió sobre las “consecuencias” de hacer pública la denuncia. Se sugirió que, de hablar con la prensa, podrían enfrentar acciones disciplinarias por “dañar la imagen de la universidad”. En algunos casos, se les ofreció resolver el asunto de manera interna, prometiendo sanciones menores al agresor si ella retiraba su queja.

Además de las presiones directas, la víctima y su grupo de apoyo comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos en su entorno académico. Las oportunidades de investigación para ella se redujeron y las personas que la apoyaban enfrentaron dificultades inexplicables en sus proyectos y calificaciones. Este tipo de represalias, aunque indirectas, servían como un recordatorio constante del poder que la institución podía ejercer sobre ellos.

Este caso ejemplifica cómo las instituciones universitarias, en lugar de proteger a las víctimas, a menudo optan por silenciarlas para evitar el “escándalo” público. Estas tácticas de presión y represalia no solo perpetúan la cultura del acoso, sino que también desalientan a otras posibles víctimas a dar un paso adelante. La necesidad de políticas más transparentes y justas es imperativa para romper este ciclo de silencio y abuso.

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