Loubna Amiar forma parte del Colectivo Micaela. Llegó a Mataró hace cinco años procedente de Tánger con su familia y, actualmente, es una miembro muy activa de la asociación.

El informe Esenciales y sin derechos, elaborado por Intermón-Oxfam, denuncia la situación en la que se encuentran 550.000 trabajadoras del hogar y de los cuidados en el Estado español: el 32,5% vive bajo el umbral de la pobreza y casi el 40% se mueve en eso que se denomina economía sumergida; un colectivo, pues, severamente castigado por la precariedad, la pobreza, la xenofobia y la discriminación. 

Según Idescat, hay aproximadamente 25.000 mujeres extranjeras residiendo en la comarca del Maresme, muchas de las cuales se dedican a los trabajos del hogar y cuidados. El Colectivo Micaela nace en esta comarca y está conformado por más de cien mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados. Su objetivo es acompañar, apoyar, asesorar y, como se explica en su folletín de presentación, “ser protagonistas de nuestras propias luchas como mujeres migradas y trabajadoras”.

¿Cuáles son las principales tareas que desarrolláis en el Colectivo Micaela?
Para empezar, nuestro principal objetivo es dignificar y visibilizar este trabajo. Hablamos de trabajadoras muy vulnerables, oprimidas por las condiciones laborales e ignoradas por la administración. Una tarea muy importante que hacemos en el Colectivo Micaela es luchar contra la desinformación. La información para estas mujeres es vital. Hacerles entender que tienen unos derechos que no pueden ser pisoteados y que no tienen que conformarse con la precariedad laboral que tienen que aguantar.

Háblanos de estas condiciones de precariedad…
Pues que casi el 40% de mujeres que trabajan en este sector lo hacen sin un contrato laboral, y esto ha aumentado desde la pandemia. Se despidieron muchas compañeras con la pandemia y después fueron contratadas de nuevo en negro. Hay muchos casos como este… Trabajar en estas condiciones significa no cotizar a la Seguridad Social, no poder enfermar porque no puedes coger la baja o no tener unas vacaciones pagadas, por ejemplo. En el caso de las mujeres migradas internas en situación irregular hay mucho abuso, porque a menudo tienen que aceptar las condiciones que te imponen: jornadas laborales de 14 y 15 horas, sábados y domingos por 400, 500 o 600 euros.

Pero hay normativas, una legislación…
Sí que las hay. De hecho, en teoría, a partir de este año todos los empleadores que tengan o contraten una trabajadora del hogar tienen que darla de alta obligatoriamente a la Seguridad Social. Pero esto no se cumple, como, a menudo, no se cumplen otras normativas y derechos que tenemos. Es así.
Por ejemplo la ley de extranjería, una ley que nos afecta de pleno. Pues esta ley invisibiliza los derechos de las mujeres trabajadoras migradas durante tres años, que es el tiempo necesario antes de obtener un permiso de trabajo. En estos tres años lo que te dicen es: ¡búscate la vida! Esto significa que muchas trabajadoras aceptan cualquier cosa, cualquier condición de trabajo. En el caso de las trabajadoras internas, 9 de cada 10 son extranjeras.

En estos casos, pues, ¿Qué recomendáis a estas trabajadoras?
Poca cosa podemos hacer. Simplemente no se aplican las normativas existentes y, por otro lado, no hay inspecciones de trabajo dentro de los domicilios. Se debería de involucrar el Estado, la Generalitat, la sociedad en general, para cubrir las necesidades del sistema de cuidados, para que así no existan familias que, por cuestiones económicas, contraten mujeres migradas en situación irregular por 500 euros las veinticuatro horas del día, todos los días. Con una adecuada Ley de Dependencia no pasaría esto, porque estas familias estarían cubiertas por la Ley y podrían pagar como es debido a la trabajadora.

Hablabas de invisibilidad. Como la que puede existir en el caso de maltratos en el interior de los hogares, ¿no es así?
En algunas ocasiones tenemos que sufrir vejaciones e insultos y en otras muchas, simplemente, el desprecio. Lo percibimos. Todas las compañeras rechazan el pensamiento de ser consideradas esclavas, está claro, pero siempre existe la necesidad. Se necesita el dinero, hay que pagar el alquiler. ¿Cómo pagaremos el alquiler si no hay ingresos? Por eso, muchas compañeras no quieren denunciar y callan aunque tengan toda la razón.
Hay una compañera que trabajaba en Reus que no le querían pagar el mes y fue a denunciarlo a los mozos de escuadra. Aquella denuncia no fue a ninguna parte. La familia era muy conocida en Reus y la denuncia fue a la papelera. A menudo se entrecruzan el racismo y el clasismo.
Además, hay formas de vejaciones a las que no se les da importancia, pero son muy humillantes. Hay una compañera que cuidaba de un señor mayor que no paraba de hacerle comentarios groseros y si encontraba la ocasión la tocaba. Cuando se quejó a su hija, ésta le contestó: “No le hagas caso, mujer! ¿No ves que es mayor?”.

Y en tu caso, ¿has sufrido situaciones de este tipo?
No he sufrido maltratos ni insultos, la verdad. Pero hay una manera de tratar que a mí me molesta mucho, que es el desprecio, la indiferencia, la superioridad. Y eso sí lo he sufrido. En una casa que estuve, la señora me trataba como si yo fuera una ignorante, que venía de pastorear cabras en las montañas. Me salió un trabajo mejor y el último día, con mucha educación, le enseñé los certificados de mis estudios de Derecho en Tánger y los de profesora de francés. Yo solo quería que supiera que no era ninguna analfabeta. Me ganaba la vida en Tánger de profesora de francés, pero he emigrado porque quiero un futuro mejor para mis hijos. Como todas las personas que emigran.

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