We Protect Global Alliance, una organización independiente que agrupa a gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales para desarrollar políticas y soluciones con la intención de proteger a los y las niñas de la explotación y el abuso sexual en línea, ha lanzado un informe titulado «Global Threat Assesment 2023» en el cual se evalúa la magnitud y la naturaleza de la explotación y el abuso sexual infantil online con el objetivo de informar y proponer respuestas eficaces destacando principalmente, entre estas opciones, medidas que apuesten por la prevención.
El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), analizó las 32 millones de denuncias sobre material de abuso sexual infantil recibidas en el año 2022, a nivel mundial; la recepción de denuncias ha aumentado en un 87% respecto a las procesadas durante el año 2019. Por otro lado, la Internet Wacth Foundation, arroja datos escalofriantes al informar de un aumento del 360% de imágenes sexuales autogeneradas de niños y niñas de entre 7 y 10 años en el periodo comprendido entre 2020 y 2022.
Estas cifras son muy preocupantes. Los y las jóvenes se sienten desprotegidos. Las consecuencias para quienes sufren este tipo de violencia son muy graves: no solo porque en ocasiones reciben por ellas extorsión financiera, es decir, los delincuentes les piden dinero a cambio para que las imágenes no sean compartidas y difundidas, por ejemplo, entre su entorno más cercano. Pero también las secuelas a nivel psicológico y emocional son nefastas: ansiedad, depresión, autolesiones, ideas suicidas, autoculpabilidad, problemas en la escuela, bajo rendimiento académico, problemas de autoconfianza y autoestima… consecuencias muy negativas que se arrastrarán hasta la edad adulta.
Por ello, se necesita de una intervención urgente para frenar esta grave amenaza contra la infancia. El informe propone actuar desde tres vertientes:
- Invertir en salud pública priorizando la prevención. Los gobiernos deben invertir esfuerzos para aumentar la financiación para diseñar tanto en la salud pública como en la privada, intervenciones dirigidas a toda la comunidad: a quienes están en riesgo (tanto de cometer el delito como de ser una posible víctima) como de quienes ya han sido víctimas supervivientes.
- Centrarse en los derechos y las perspectivas de los y las menores al diseñar las intervenciones. Debemos escuchar a las y los chicos para poder comprender mejor sus opiniones y experiencias en Internet. Entre las intervenciones propuestas destacamos: ayudarles a identificar cuándo y cómo pueden estar expuestos a situaciones de abuso para poder buscar ayuda para así denunciarlas. Al mismo tiempo, proporcionarles los conocimientos necesarios para que sepan navegar por la red de forma segura sin exponer su privacidad “exigiendo” a los proveedores de servicios de internet que garanticen su seguridad.
- Implementar políticas acordadas globalmente. De la misma manera que debemos enseñar a los y las consumidores de Internet a exigir espacios seguros, los gobiernos deben legislar de tal manera que penalicen duramente a aquellos suministradores de recursos en línea que no aseguren la protección de sus clientes.
El mundo virtual se ha convertido en un potente agente de socialización para nuestros chicos y chicas. Esta es su realidad. Desde los centros educativos, a través del diálogo, podemos ayudarles a detectar qué acciones nos ponen en riesgo (por ejemplo, compartir según qué tipo de contenido íntimo y privado) y cuáles nos protegen (por ejemplo, identificar el discurso dominante coercitivo, para que sepan poner sus propios límites sin caer en ningún tipo de coacción).
