Son demasiados los casos de violencia contra la infancia que no se detectan o permanecen ocultos. Las y los profesionales que trabajan con menores se enfrentan a muchos obstáculos que les impiden denunciar estos casos cuando encuentran indicios, mientras que los y las menores se encuentran en situación indefensa por no poder acudir a unos servicios adecuados a su edad, fiables y seguros, donde poder recibir ayuda y protección.
El Consejo de Europa que en palabras de su presidenta, ‘está comprometido a promover una política de violencia cero contra la infancia’, ha adoptado recientemente una nueva Recomendación a los Estados Miembros para fortalecer los sistemas de denuncia. Mediante esta Recomendación, se recuerda a los Estados la necesidad de normas claras para establecer responsabilidades y protocolos que faciliten la denuncia, respuesta y seguimiento de estos casos de manera segura. Entre sus principios fundamentales se recoge el interés superior del menor; la protección contra toda forma de discriminación y violencia; su derecho al desarrollo, la escucha y el respeto; el apoyo a las familias cuando sea necesario; y la recuperación y reinserción social de las víctimas. Se incluyen también medidas que contribuyan a la creación de contextos favorables donde víctimas y profesionales se sientan confiadas para denunciar, como campañas de información, formación de alto nivel, o líneas telefónicas de ayuda y emergencia. Los y las menores víctimas de violencia deben recibir información puntual de profesionales con cualificación, sobre el procedimiento que se va a seguir. La cooperación interinstitucional se ve fundamental para compartir información y actuaciones, garantizando la confidencialidad y proporcionando apoyo psicosocial cuando se considere necesario.
Los Estados Miembros deben impulsar la investigación en este ámbito de manera que se aporten datos y conocimiento sobre las razones para no romper el silencio y las actuaciones que están resultando exitosas en diferentes contextos, y poder así diseñar intervenciones concretas. Ha de haber una evaluación, seguimiento y supervisión del impacto, publicando los resultados y haciendo nuevas recomendaciones y medidas preventivas accesibles a toda la ciudadanía, y especialmente a los y las menores.
Se pretende con esta Recomendación que nace en el marco de la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos de la infancia (2022-2027), crear sensibilidad y responsabilidad personal y social para conseguir una infancia libre de violencia.
