Singapur se prepara para llevar a cabo la primera ejecución de una mujer en casi dos décadas, prevista para el viernes, junto a otra ejecución prevista para esta semana.
Saridewi Djamani, de nacionalidad singapurense, recibió la pena de muerte obligatoria en 2018 tras ser declarada culpable de traficar con aproximadamente 30 gramos de heroína. El Colectivo por una Justicia Transformadora (TJC, por sus siglas en inglés), una organización que supervisa los casos del corredor de la muerte, informó The Guardian.
Esta próxima ejecución, si se lleva a cabo, marcaría la primera vez que se ejecuta a una mujer en Singapur desde 2004, cuando Yen May Woen, una peluquera de 36 años, fue ahorcada por tráfico de drogas.
Mohd Aziz bin Hussain, un malayo singapurense de 56 años, también será ejecutado el miércoles, según el TJC. Fue condenado a muerte en 2018 por traficar con unos 50 gramos de heroína.
Las leyes sobre drogas de Singapur son conocidas por estar entre las más duras del mundo, y el país se ha enfrentado a críticas internacionales por su uso de la pena de muerte en casos relacionados con drogas.
Kirsten Han, periodista y activista que lleva una década haciendo campaña contra la pena de muerte, señala que la mayoría de los condenados a muerte proceden de entornos marginados y vulnerables. El gobierno defiende el uso de la pena de muerte como elemento disuasorio eficaz contra los delitos relacionados con las drogas, afirmando que garantiza la seguridad de la ciudad-Estado y goza de un amplio apoyo público.
La investigación de Amnistía Internacional muestra que Singapur, junto con China, Arabia Saudí e Irán, fue uno de los pocos países que ejecutaron a personas por delitos de drogas el año pasado. Sin embargo, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único o un impacto en el consumo y la disponibilidad de drogas, según Chiara Sangiorgio, experta en pena de muerte de Amnistía.
Los activistas de Singapur sostienen que las personas vulnerables acaban a menudo en el corredor de la muerte y que los presos suelen representarse a sí mismos en las apelaciones debido a las dificultades para acceder a la representación legal.
El TJC revela que Hussain afirmó que la mayoría de sus declaraciones a un oficial investigador fueron coaccionadas, con promesas de reducción de cargos. El agente rebatió estas alegaciones y el juez dictaminó que todas las declaraciones se habían prestado voluntariamente.
Saridewi alegó que no pudo prestar declaraciones precisas a la policía debido a la abstinencia de drogas. Sin embargo, el juez del tribunal superior determinó que sus síntomas de abstinencia eran de leves a moderados y no obstaculizaban su capacidad para prestar declaración.
Desde que Singapur reanudó las ejecuciones tras una pausa de dos años durante la pandemia de Covid-19, al menos 13 personas han sido ahorcadas.
