El sufrimiento de la australiana Kathleen Folbigg tiene que haber sido espantoso. A lo largo de diez años, entre 1989 y 1999, perdió a dos hijos y dos hijas siendo aún bebés. Si su desolación no era suficiente, a ello se sumó la acusación de asesinato.
En 2003 fue condenada a 40 años de prisión, reducidos más tarde a 30, por mor de que al certificar la muerte de la última criatura quedó constancia de que, sospechosamente, otras tres habían fallecido con anterioridad. Cabe imaginar el tormento de una mujer que además de padecer la muerte de sus pequeñas y pequeños es acusada de haberla provocado.
Han debido transcurrir 20 años para que, finalmente, un equipo médico coordinado por una mujer, la inmunóloga Carola García de Vinuesa, haya demostrado que las y los recién nacidos habían fallecido por causas naturales, probablemente por defectos genéticos.
Kathleen Folbigg ha sido puesta en libertad tras dos décadas de vivir encerrada, de ser odiada por todos y de tener que llorar a solas la pérdida de sus criaturas. Por fortuna, en Australia no existe la pena de muerte, de lo contrario, la reparación de Folbigg no habría sido posible, la verdad no habría servido para nada. Una muestra más de la aberración que representa la pena capital, vigente todavía en muchos paíse
