Como en todas las guerras, las personas más vulnerables son las que sufren más las consecuencias. Y en el caso de la guerra Rusia contra Ucrania, las niñas y niños de Ucranía están siendo arrebatados.
Según datos proporcionados por la Comisionada rusa para los Derechos de los Niños, Maria Lvova-Belova, el 4 de abril, al menos 730.000 menores ucranianos han sido «trasladados a Rusia» desde el inicio de la invasión a gran escala. Cientos de miles de otros niños también han sido desplazados de Ucrania, y no necesariamente hacia Occidente, tal y como informa Euronews.
Tanto la comunidad internacional como Ucrania califican este traslado de niños como una «transferencia ilegal». El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y Maria Lvova-Belova. Según la CPI, esta última es «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de la población (niños) y la transferencia ilegal de población (niños) desde las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Los crímenes fueron presuntamente cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022. Existen motivos fundados para creer que la Sra. Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los mencionados crímenes, al haberlos cometido directamente, en complicidad con otros y/o a través de terceros».
Moscú denomina a estos niños «refugiados» y afirma que la mayoría de ellos llegaron con sus padres o tutores. Sin embargo, esta afirmación es ampliamente refutada a nivel internacional.
Se debería poder exigir saber el estado de salud y seguridad de todas estas niñas y niños, y poder garantizar que finalmente puedan volver a su hogar seguro y sin un ápice de la guerra que está destruyendo su país.
