La nueva figura de coordinación de bienestar y protección del alumnado se ha implementado este curso en aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Entre las funciones encomendadas a la persona que ejerce esta coordinación están las relacionadas con la mejora de la convivencia, la coordinación con agentes externos, y la educación en valores y hábitos saludables. Es referente principal ante la comunidad educativa para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el centro o en su entorno; responsable de promover planes de formación sobre prevención, detección y protección de la infancia; coordinar los casos que requieran la intervención de los servicios sociales e informar a las autoridades correspondientes; promover la cultura del buen trato y el respeto, especialmente hacia el alumnado en situación de mayor vulnerabilidad.
A falta de un mes para finalizar el curso escolar, es momento de evaluar el impacto que esta medida está teniendo para conseguir escuelas seguras y libres de violencia: qué criterios se han seguido para su designación, qué actuaciones concretas se han realizado, cómo se ha incorporado a las estructuras del centro, si está contribuyendo a la detección de casos de riesgo, si ya se han identificado mejoras, y si se están teniendo en cuenta las evidencias científicas en este ámbito.
Este debate ha estado presente en un espacio de formación del profesorado que pertenece a la Red AEBE de asociaciones por una educación basada en evidencias científicas de impacto social y que tiene entre sus acciones, la formación dialógica del profesorado y otros agentes, mediante seminarios en diferentes territorios. Los centros que pertenecen a esta Red ya vienen trabajando la prevención de todas las formas de violencia mediante Actuaciones Educativas de Éxito entre las cuales está el Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos (MDPRC). El profesorado de estos centros se ha formado en este enfoque y cuentan con estructuras en su organización como la comisión mixta de convivencia, en la que están representados los diferentes colectivos de la comunidad educativa. De esta manera, las funciones asignadas a la figura de coordinación de bienestar y protección infantil se han estado desarrollando con un carácter democrático y preventivo en este marco que existía previamente.
Además de la formación impartida por la Administración educativa, algunas acciones que se han realizado en estos centros tienen que ver con la revisión, aplicación y difusión del plan de convivencia; formación dialógica basada en evidencias; intervenciones específicas con casos sensibles mediante la coordinación de profesionales y servicios; reuniones de la comisión mixta y posterior diálogo en las aulas y otros espacios, para tomar decisiones consensuadas sobre temas como el uso seguro de los baños o la implementación de nuevas normas.
La valoración de esta nueva figura es muy positiva porque se formaliza y sistematiza el cuidado de la infancia y su protección frente a todo tipo de violencia, otorgándole una consistencia legal. Puede resultar muy útil y marcar una diferencia sobre todo en centros donde aún no se había sistematizado el tratamiento de estos temas, para visibilizar su importancia. Pero también en otros centros con más recorrido es una oportunidad para reflexionar de forma rigurosa sobre qué es la violencia, y cuestionar determinadas prácticas o planteamientos del centro. Contar con una figura que presta especial atención a estas cuestiones, garantiza que sea un aspecto prioritario dentro del proyecto educativo sobre el que hay que desarrollar todos los años concreción de objetivos, formación del profesorado y las familias, y difusión entre la comunidad educativa. Para que además suponga realmente una transformación que impacte en la mejora de la convivencia en los centros y sean espacios seguros en los que el alumnado se sienta confiado y libre para buscar ayuda en situaciones de riesgo, se requiere que la persona responsable de esta coordinación cuente con la formación y disponibilidad horaria que aseguren un desempeño óptimo de sus funciones, y esté apoyada por una comisión mixta tal como se recoge en la medida 6.13 del Plan Estratégico de Convivencia Escolar publicado por el Ministerio de Educación. La formación del profesorado basada en evidencias, con carácter preventivo y comunitario como en el MDPRC, que tenga en cuenta factores de protección frente a la violencia como la amistad, la intervención de los testigos y el apoyo de la comunidad no solo a la víctima sino también a quienes la protegen, se ve fundamental. La implementación de programas que han demostrado ser eficaces contra el bullying como el Club de Valientes Violencia Cero y la recogida de datos, resultados e impactos en los documentos oficiales del centro, nos ayudarán a constatar la eficacia de esta nueva medida.
