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Según establece el Convenio sobre la Violencia y el Acoso 2019 (C190) en el mundo del trabajo se entiende que violencia y acoso abarcan una serie de comportamientos y prácticas que se consideran inaceptables, incluyendo las amenazas de los mismos, independientemente de que se expresen una sola vez o repetidamente, pudiendo causar o causando un daño físico, psicológico, sexual o económico. Este tipo de violencia también abarca la violencia de género y el acoso sexual que experimentan las mujeres en multitud de contextos laborales.

Tal y como ya se ha explicado en anteriores artículos de DF, el Convenio se creó para proteger a las personas, empleadas o no, de la violencia que ocurre en el ámbito laboral y ampara de toda aquella agresión o acoso que se produzca en el lugar de trabajo en el sentido amplio de la palabra. Esto incluye espacios públicos y privados, los lugares donde se paga a la persona empleada, donde descansa o come, las instalaciones sanitarias o de aseo y/o los vestuarios que usa el personal, pero también, los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación, las comunicaciones bien sea presencial o por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, relacionadas con el trabajo así como si se produce en el alojamiento proporcionado por el empleador y/o en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

El pasado jueves Human Rights Watch publicaba en su web que Francia, país que jugó un papel importante en la negociación del C190, según la organización internacional, siendo uno de los primeros en comprometerse a buscar la ratificación cuando se aprobó en 2019, daba el esperado paso, el pasado 12 de abril. Por otra parte, en 2021, tal y como recoge HRW, la entonces ministra de Trabajo, Elizabeth Borne y ahora primera ministra de Francia, hizo una promesa en el Foro Generación Igualdad Francia ahora tiene la intención de ser un modelo en la implementación de [la] Convención, ratificándola como tan pronto como sea posible

Cuatro años desde 2019, han tenido que transcurrir a pesar de las reivindicaciones tanto de sindicatos como de las organizaciones y la sociedad civil, hasta que el parlamento adoptó el proyecto de ley que ratifica el Convenio más importante, hasta la fecha, sobre la protección de las personas frente a la violencia y el acoso que tienen lugar en el contexto de lo laboral. Sólo es el primer paso, HRW informa que los grupos feministas, sindicatos y demás agrupaciones de la sociedad civil ya tienen claras las recomendaciones sobre las áreas específicas en las que realizar reformas estructurales, tanto a nivel político como legislativo para que vayan en coherencia con el C190 así como una serie de soluciones a problemáticas concretas. Recuerdan, además, que existen ya buenas prácticas emergentes en otros territorios en las que el país francófono podría inspirarse y/o tratar de guiarse a la hora de realizar las reformas más pertinentes.

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