En 2022 la ciudadanía de Corea del Norte vivió un aumento de las tensiones frente a la comunidad internacional relacionadas con sus programas de misiles del país a través de los que alcanzó un número récord de pruebas de misiles balísticos intercontinentales y de alcance intermedio. Esto despertó reacciones en EE.UU y Corea del Sur que también realizaron ejercicios militares regulares y especializados por tierra, mar y aire. Desgraciadamente Corea del Norte respondió extremando su ley sobre fuerzas nucleares que permite ataques nucleares automáticos en determinadas circunstancias como la ausencia del sistema de comando y control después de un ataque. Desde entonces, tal y como afirma en un último informe el Relator de los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), no ha habido progreso en el diálogo para la desnuclearización del país.

En este sentido, Corea del Norte sigue manteniendo la demanda del cese de las supuestas políticas hostiles contra el país y su dictadura sigue manteniendo a la población en el aislamiento casi completo que, unido a la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, por una parte, y, por otra, el aumento de los enfoques militares, han impedido cualquier avance significativo en el establecimiento de la paz y la seguridad de la ciudadanía. 

En estos momentos la comunidad internacional vive con preocupación que dadas las tensiones políticas y la ausencia de canales de comunicación activos, un fallo en la estrategia diplomática pueda desencadenar consecuencias drásticas en la violación de los Derechos Humanos de la población, especialmente de las personas más vulnerables en los conflictos bélicos, las mujeres y la infancia.

Una de las muchas vulneraciones de los Derechos Humanos que, en su último informe al respecto la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de ONU visibiliza y denuncia, es el hecho de que las mujeres están siendo detenidas en condiciones infrahumanas; privándoles de alimentos, sometiéndoles a tortura y malos tratos, trabajos forzados y otras formas de violencia, incluyendo el ser violadas. Las mujeres que son repatriadas por la fuerza al país son sometidas a registros sin ropa, corporales invasivos bajo el pretexto de que esconden dinero en sus genitales. El Relator Especial de la ONU denuncia también que esta práctica se hace cada vez más a menudo por mujeres funcionarias, lo cual, no exime de que se encuentre a años luz de cumplir los estándares internacionales. 

El documento denuncia ésta y otras prácticas en cuanto a la violación de los Derechos Humanos que están sufriendo mujeres, niños y niñas, situación de la que DF ya se hacía eco a través de Human Rights Watch en 2018. Así mismo, este último reporte constata el agravamiento de la situación. 

 

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