La comunidad internacional establece que el matrimonio antes de los 18 años es una violación fundamental de los derechos humanos. Según datos aportados por UNICEF ésta es una práctica que afecta mucho más a las niñas y son muchos los factores que interactúan para empujar a una persona menor a contraer matrimonio como, la pobreza, la percepción de que se le brindará protección, una concepción de honor familiar o ciertas normas sociales que se resisten permitidas por las leyes consuetudinarias o religiosas que aprueban la práctica, un marco legislativo inadecuado y el estado de la economía de un país.
Acuerdos internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer establece, en su artículo 16, que los esponsales y el matrimonio de un niño o niña no tendrán ningún efecto legal, y todas las acciones necesarias, incluida la legislación, se considerará que especifica una edad mínima para contraer matrimonio [..,] Por otra parte, el derecho al consentimiento libre y pleno para contraer matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual deja muy claro que no puede ser libre cuando una de las partes involucradas no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión informada.
Este no es un problema exclusivo de un contexto geográfico, cultural o religioso sino de dimensiones globales presente en muchos países, culturas, religiones y etnias diferentes. Volviendo a las cifras, los índices más altos se sitúan en África subsahariana, con un 38% de las niñas afectadas por esta práctica, el sur de Asia en segundo lugar con un 30%, le siguen países de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, hace sólo unas semanas nos llegaba la noticia sobre el aumento de la edad legal en Gales e Inglaterra, para contraer matrimonio, pasando de 16 a 18 años y adaptándose así a los estándares internacionales. Según la organización Girls Not Brides, en estos momentos y en virtud de la Ley de matrimonio y uniones civiles, es ilegal que las y los jóvenes de 16 y 17 años contraigan matrimonio o uniones civiles, incluso con el consentimiento paterno. La nueva cláusula impide a la familia organizar el matrimonio de sus hijas y/o hijos en cualquier circunstancia e introduce penas y sanciones más severas para los culpables, de hasta 7 años de cárcel. Así mismo, también reconocerá como víctimas de matrimonio forzado a todas las personas casadas con menos de 18 años.
Este cambio es el resultado de cinco años de campaña reivindicando el aumento de la edad en coherencia con los acuerdos internacionales. Faith Mwangi-Powell, CEO en Girls Not Brides afirmaba entre otras cosas como esto demuestra lo mucho que se puede conseguir cuando el movimiento trabaja unido y aboga sistemáticamente por los cambios legales necesarios para proteger a las jóvenes de los matrimonios forzados o concertados. [..,]
