La violencia escolar es una lacra social presente en cualquier parte del mundo; se vive en diversos y variados contextos, tampoco entiende de clases sociales, ni de culturas ni de edad, aunque sí que existen grupos que se muestran más vulnerables a sufrir violencia con mayor frecuencia e intensidad. En Sudáfrica, las cifras también son inquietantes: “en 2012, el Estudio de violencia escolar encontró que el 20,2% de los estudiantes de secundaria habían sido víctimas de amenazas de violencia, agresión, agresión sexual, incluida la violación y robo».
La ministra de Educación Básica de Sudáfrica, Angie Motsherkga, recuerda la importancia que tiene el desarrollar políticas de actuación con respuestas estratégicas eficaces ante la violencia y el acoso escolar. Motsherkga insiste en la idea de que la educación de calidad está íntimamente vinculada a disfrutar de espacios seguros y saludables, exentos de violencia y abuso. Al mismo tiempo, destaca la gran preocupación del gobierno que radica en la situación que padecen, especialmente, las niñas y las adolescentes pues supone el grupo más vulnerable: sus derechos se ven gravemente heridos cuando sufren violencia de género, violaciones, VIH/SIDA, embarazos precoces y no deseados. Las consecuencias para su salud tanto física como emocional son desastrosas y además, abandonan sus estudios de educación básica tempranamente; esta falta de acceso a la formación les genera una enorme limitación para alcanzar una vida digna con pocas posibilidades de transformación hacia la mejora.
Para conseguir frenar la violencia, el gobierno cuenta con un documento propio conocido como National School Safety Framework. Los objetivos generales que se definen en este Marco de Seguridad Nacional son:
– Ayudar a los centros educativos a comprender e identificar todos los problemas y amenazas de seguridad.
– Guiar a las escuelas para que respondan eficazmente una ve identificados esos problemas y amenazas.
– Crear sistemas de notificación y gestionar adecuadamente los incidentes notificados.
– Ayudar a la escuela a monitorear su progreso a lo largo del tiempo.
El documento además, resalta la idea de que abordar esta problemática de manera efectiva pasa por implementar acciones de manera comunitaria, implicando a todas las personas que intervienen en la educación de los y las niñas: la administración educativa, los y las docentes, las familias y otros agentes de socialización, conjuntamente con el alumnado. Los centros escolares son los espacios ideales para trabajar desde la prevención y la posterior actuación para garantizar que dichas acciones llegan a todos y todas para conseguir realmente el proceso de transformación del contexto para caminar hacia sociedades libres de violencia.
La violencia escolar, en todas sus manifestaciones, se reconoce como una situación alarmante a la cual hay que hacer frente con todos los medios y recursos al alcance. Con políticas gubernamentales como estas, se consigue por un lado visibilizar la problemática, y por otro proporcionar estrategias e implementar acciones que protejan la infancia contra el abuso. Es de vital importancia actuar con programas de intervención que la evidencia científica haya respaldado ya que han demostrado que funcionan con éxito en diferentes contextos y con población diversa.
