El pasado martes 21 de febrero, los jueces y juezas de la Corte Suprema estadounidense interrogaron durante tres horas a los y las abogadas representantes de Google, del gobierno de los Estados Unidos y de la familia de Nohemi Gonzalez, la estudiante americana asesinada en 2015 durante los ataques terroristas del ISIS en París.
Nohemi Gonzalez, de 23 años, era estudiante universitaria de primera generación en el California College, y estaba estudiando en París en noviembre de 2015 cuando se produjo una serie de atentados terroristas coordinados en diferentes puntos de la ciudad. Ella fue una de las 130 víctimas mortales de estos atentados. Un año después, su padre denunció a Google y a otras compañías tecnológicas por difundir contenido que contribuyó a radicalizar a usuarios para convertirse en terroristas, señalando a estas plataformas como responsables legales del daño causado a su familia. En su demanda argumentó que estaban difundiendo propaganda, mensajes de líderes en el Estado Islámico que apoyan la violencia armada y vídeos mostrando esa violencia explícitamente mediante los cuales acusaban a YouTube también de contribuir al reclutamiento de terroristas al recomendarlos a través de sus algoritmos. Su madre, padrastro y hermanos también se sumaron a la demanda que apunta directamente a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, la ley que se ha utilizado durante años para ayudar a crecer y proporcionar inmunidad a las plataformas online como Facebook, Twitter, Instagram y Google’s YouTube frente a las demandas sobre contenidos publicados por los y las usuarias.
Muchos gobiernos coinciden en afirmar que las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para el discurso del odio y la desinformación, algunos han exigido a las plataformas eliminar esos contenidos pero en los Estados Unidos, la Primera Enmienda dificulta que el Congreso pueda hacer lo mismo. YouTube y otras plataformas aseguran que han ocultado y eliminado esos vídeos pero la investigación demuestra que permanecieron visibles durante horas. Mientras tanto, los esfuerzos para reformar la Sección 230 siguen estancados y los tribunales exploran los límites en los que la ley debería aplicarse. En algunos casos, los tribunales han dictado sentencias que han impedido usar la Sección 230 a favor de las plataformas que han difundido vídeos incitando a la ludopatía, la conducción temeraria con consecuencias mortales, o en el caso de Omegle, un chat que conecta usuarios al azar por el cual una niña de 11 años se conectó con un depredador.
Las empresas tecnológicas están siguiendo el caso Gonzalez versus Google muy de cerca, temerosas de que la justicia pueda cambiar los mecanismos para la recomendación de los sitios en internet, moderar el contenido en el futuro, o amenazar su propia existencia permitiendo una avalancha de demandas judiciales. Al final del día, los jueces parecían profundamente frustrados con el alcance de los argumentos que tenían ante ellos y no tenían claro el camino a seguir. La jueza Barret anunció que recientemente se ha dado entrada a otro caso tecnológico en la Corte Suprema, Twitter contra Taamneh, en el que se están planteando si las redes sociales pueden ser demandadas por ayuda y complicidad en un acto de terrorismo internacional ocurrido después de alojar contenido que pedía apoyo para el ISIS. Estos dos casos podrían llegar a transformar el panorama actual de internet.
A la espera de las sentencias judiciales que llegarán en los próximos meses, es importante considerar que las evidencias han demostrado que existen grupos más vulnerables a sufrir ataques y violencia, como las mujeres, niñas, personas refugiadas, con discapacidad, minorías étnicas o que pertenecen al colectivo LGBTQ+ y se ven afectadas en mayor medida por todo ese contenido que los gigantes tecnológicos deberían filtrar mejor.
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