El pasado 13 de diciembre se publicó el informe por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado,  sobre el trato a las prisioneras a cargo de agencia federal, donde se denunciaba el número elevado de agresiones sexuales perpetrado mayoritariamente por los empleados de la Oficina Federal de Prisiones.

Los hallazgos son irrefutables. Se constata como incluso altos funcionarios habían agredido sexualmente y contribuido a la ley del silencio e impunidad ante tales crímenes.

Tal y como se recoge en el testimonio de una de las supervivientes destacada por el Washington Post,  “Fui sentenciada a prisión por decisiones que tomé”  pero “no fui sentenciada  a prisión para ser violada dentro de la cárcel”, Briane Moore fue contundente con su declaración delante el Senado.

Las actuaciones de éxito en prevención de la violencia también deben llegar a las prisiones, como es el modelo dialógico de prevención de la violencia, una sociedad que se considera democrática y avanzada no puede permitir que en sus instituciones, sea cual sea, incluyendo las penitenciarias, se cometan delitos sexuales como es este caso.  Las instituciones penitenciarias de otros países deberían también revisar su políticas de prevención y actuación frente las agresiones sexuales acontecidas en sus propios espacios.

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