En el pasado mes de mayo DF se hacía eco de la valoración realizada por European Women Lobby (EWL) sobre la Directiva del parlamento europeo más reciente sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
La directiva responde a la demanda generalizada por parte de las organizaciones de mujeres y los servicios dedicados a su atención, que pedían tener un instrumento legal de la UE a través del cual crear un marco de actuación común para todos los Estados miembro en lo que se refiere a la protección de las mujeres y la infancia de la violencia de género.
Este paso se entendía necesario para nivelar la legislación de la UE con los estándares internacionales establecidos y favorecer el progreso en estos temas de los Estados miembro que aún no han ratificado el Convenio de Estambul y supone un avance importante en el camino hacia la superación de la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad de género.
Sin embargo, ya en su momento EWL realizó una valoración de la norma en la que apreciaba algunas carencias a tener en cuenta, solicitando por ello una actualización de la misma en la que se incluyeran los puntos que sugerían.
Esta vez es la Red Feminista de Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, Niños y Niñas; Mujeres Contra la Violencia Europa (WAVE por su siglas en inglés) en representación de más de 1600 servicios especializados en mujeres en los 46 países del continente europeo, la organización que manifiesta encontrar lagunas en la citada Directiva en varios sentidos.
Algunas de éstas ausencias son la falta de reconocimiento de la violencia de género como una violación de los Derechos Humanos, un enfoque más centrado en la prevención y mayor comprensión de las diferencias existentes entre los servicios generales de apoyo a las víctimas, los servicios de apoyo especializados y especialmente importante es, la conexión entre la violencia contra las y los menores y la violencia contra las mujeres en el contexto de la violencia doméstica, reconocida como violencia vicaria y su impacto en la salud. La Red ha presentado un texto propuesta con enmiendas a la Directiva y reivindica que en ésta se incluya y refleje también la voz de la sociedad civil feminista.
No obstante, en este sentido, sabemos que garantizar la inclusión de todas las voces pasa por desarrollar una legislación que tenga en cuenta qué dicen las evidencias de impacto social así como que éstas se acerquen a la ciudadanía para que pueda participar del debate científico. Ahora ya existen iniciativas que lo están haciendo posible.
