El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU
publicó ayer sus conclusiones sobre la situación de las mujeres en Armenia, Bélgica, Finlandia, Gambia, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Suiza y Ucrania.
Las conclusiones contienen elementos positivos, preocupaciones y recomendaciones para cada uno de los ochos países. Entre estos se destacan los siguientes:
En Armenia, las mujeres y niñas que están están desplazadas a otras zonas del páis a causa de los conflictos tienen más probabilidad de sufrir violencia sexual, explotación y pobreza. Esta situación preocupa a la agencia internacional y por ello pide a las autoridades del país que elimine las restricciones laborales, faciliten el acceso al mundo laboral y reoriente las políticas de empleo para que las mujeres estén en una situación de igualdad con los hombres.
En Bélgica, el documento informa que a pesar de las modificaciones que se han realizado al Código Judicial en Bélgica los criterios de elegibilidad para la asistencia jurídica se han restringido mucho y son complejas. Por ello las personas expertas del Comité recomiendan que la asistencia jurídica y la defensa pública sean accesibles, sostenibles y respondan a las necesidades de las mujeres. El documento destaca que el comité esta preocupado por la aún existencia de prácticas perjudiciales, como el matrimonio infantil, matrimonio forzado, la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidades y las intervenciones médicas invasivas e irreversibles para asignar un sexo.
El Comité suplica a Finlandia a tomar medidas para derogar la legislación que permite la esterilización de mujeres con discapacidades. Además, les informa que desdén de proporcionar recursos efectivos a las mujeres que han sido sometidas a esta práctica, ya haya sido de manera voluntaria o forzada.
En Gambia hay un elevado número de niñas sin escolarizar, de analfabetismo en mujeres y de matrimonios infantiles. Aunque este último se prohibió en 2016, aún no ha habido juicios. Por ello la agencia internacional insta a Gambia a concienciar sobre los efectos nocivos y el carácter delictivo del matrimonio infantil; además de instaurar mecanismos seguros para denunciar estos casos; y a proporcionar la capacitación obligatoria a los agentes sociales para apoyar a las victimas y que los agresores sean castigados. Asimismo informa que deben permitir a las mujeres del mundo rural heredar tierras.
En Honduras, las personas expertas han mostrado su preocupación por la elevada tasa de feminicidios que hay en el país. Por ello el Comité pide a las personas dirigentes del país a
enmendar el Código Penal para aumentar las sentencias de este delito y a tomar otras medidas para proteger a las mujeres y las niñas. Asimismo la ONU esta preocupara por la criminalización del aborto y otras restricciones a la autonomía corporal de las mujeres y a sus derechos de salud sexual y reproductiva. Aunque informan que la mortalidad materna ha disminuido, el comité pide al país que despenalice el aborto, se garantice la distribución de anticonceptivos de emergencia, se facilite el acceso a la medicación contra el VIH/SIDA y se refuercen las iniciativas para de educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Además, les preocupa que no haya ninguna política o programa oficial que proteja a las mujeres agrícolas, por ello les pide que proporcionen infraestructuras y apoyo para estas mujeres.
En Suiza, el Comité ha observado que la legislación que penaliza la violación no define la violación basada en la ausencia de consentimiento, en consonancia con las normas internacionales. Por ello la ONU insta al país a modificar su Código Penal. También pide que las disposiciones legales permitan a todas las mujeres víctimas de violencia de género abandonar a su maltratador sin perder su estatus de residencia.
Y en Ucrania, el Comité ha observado que desde que comenzo la guerra el país ha tomado medidas para proteger a los civiles especialmente a las mujeres y niñas para protegerlas de la violencia sexual. Sin embargo, recomienda a Ucrania que prevenga, investigue, enjuicie y castigue a los autores de actos de violencia de género.
