La población de Tigray, region situada al norte de Etiopía sufre desde el año 2020 un conflicto armado entre las autoridades regionales y el gobierno federal. Ya entonces diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denunciaron la violencia extrema a la que se estaba sometiendo a la población en general y con mayor crueldad a las mujeres entre quienes, ya en 2021, se contaban centenares de víctimas de violencia sexual. Una guerra que autoridades de la UE, por ejemplo, están de acuerdo en calificar como guerra silenciosa la cual a pesar de la presión y la retirada del apoyo internacional, continua ya más de dos años.
Sin embargo, el 2 de agosto enviados especiales de la ONU, la UE y los EE.UU se trasladaron hasta Addis y Mekelle con el objetivo de abrir diálogo entre las partes responsables y explorar las formas a través de las cuales impulsar acceso humanitario sin restricciones, reanudar los servicios básicos, reconectar las redes eléctricas y levantar las restricciones sobre combustible y fertilizantes en Tigray.
Cualquier avance en el proceso de pacificación será positivo. Sin embargo, Informes Internacionales muestran cómo el impacto de la violencia sexual sobre las mujeres puede tener un largo alcance si no se centran mayores esfuerzos para detenerla.
En este sentido, la UE ha puesto ciertas condiciones como requisitos previos para volver a mostrar su apoyo al gobierno etíope y entre ellas se encuentra el alto al fuego y la rendición de cuentas por las atrocidades y crímenes cometidos por todas las partes involucradas. Y recuerda que participar en un proceso de paz no tiene nada que ver con ganadores y perdedores sino de abrir espacios de diálogo en los que se incluyan todas las voces partiendo del respeto a los Derechos Humanos e insta a sus responsables a aprovechar la oportunidad que les brinda; ahora es el momento.
