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En tan solo un año, las mujeres y niñas afganas han visto destruidos los derechos que con tanto esfuerzo conquistaron en los últimos 20 años. En 2020, este medio ya se hacía eco de la campaña #MyRedLine promovida en las redes sociales, para dar voz a las mujeres durante las negociaciones entre el gobierno anterior y los talibanes, antes de que estos tomaran el poder un año después; y hace pocos meses, la ONU publicaba un comunicado mostrando una profunda preocupación por la vulneración de los derechos y libertades fundamentales de las niñas y las mujeres afganas.

Amnistía Internacional (AI) ha querido visibilizar esta injusta realidad en un nuevo informe que acaba de publicar con el título Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule . La organización desarrolló una investigación desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022 que incluye entrevistas realizadas en persona y a distancia, con 90 mujeres y 11 niñas afganas de entre 14 y 74 años residentes en 20 de las 34 provincias del país, miembros del personal de los centros de detención, ONGs, agencias de la ONU, personas expertas y periodistas. La información recabada muestra una situación desesperada a través de los testimonios relacionados con el acceso a la educación, el trabajo y la libre circulación, así como el desamparo ante la violencia de género en el ámbito familiar, las detenciones por infracciones de normas injustas, la tortura y desapariciones forzosas de manifestantes pacíficas, y el aumento de matrimonios precoces y forzados.

Hasta la fecha, se les sigue negando el acceso a la educación a las niñas de secundaria argumentando irregularidades con los uniformes. Una de las estudiantes entrevistadas aseguraba que “Es la peor experiencia de mi vida… ¿Por qué no me dejan ir? Nos dijeron que había que esperar una semana, luego un mes y otro más. Ya ha pasado un año. ¿Piensan que somos nada? Las niñas hemos hecho todo lo posible por mejorar nuestro país. ¿Por qué no nos dejan avanzar?”. Ante esta terrible situación, profesoras y estudiantes entrevistadas, declararon estar dispuestas a continuar con su educación utilizando cualquier vía, ya sea en escuelas clandestinas, clases online o de manera autodidacta. Una activista de 27 años explicaba cómo ha organizado una red de escuelas clandestinas para niñas de secundaria en zonas rurales: “…Tenemos miedo todo el tiempo de que los talibanes descubran lo que estamos haciendo. Ni siquiera mi familia lo sabe. Decimos a los vecinos que las niñas son de nuestras familias… Estoy destrozada emocionalmente pero al menos puedo ayudar a estas niñas. Esa es mi esperanza.” 

Las estudiantes universitarias que supuestamente pueden asistir a clase, tampoco se sienten a salvo en un ambiente de hostigamiento con restricciones impuestas a su conducta, su vestimenta y sus oportunidades. Muchas han dejado de asistir o han decidido no matricularse en la universidad donde no pueden usar teléfonos móviles, hablar en clase, hacer presentaciones o asistir a conferencias. Una estudiante de 21 años de la Universidad de Kabul, dijo a Amnistía Internacional: “[Los] guardias… nos gritan y dicen: ‘Arreglaos la ropa, el pañuelo […] ¿Por qué se os ven los pies?’ […] [El] jefe de nuestro departamento vino a nuestra clase y nos dijo: ‘Tened cuidado: sólo podemos protegeros cuando estáis dentro del edificio de la facultad […] Si los talibanes intentan haceros daño o acosaros, no podremos impedírselo’.” Estas restricciones en la educación afectan gravemente a otros derechos de las niñas y las mujeres como su capacidad para trabajar y el riesgo de ser forzadas al matrimonio.

En el ámbito del trabajo, los testimonios son también desoladores. Además de las durísimas imposiciones en la vestimenta que todas sufren, las periodistas no pueden hacer entrevistas cara a cara ni acceder a la información oficial, las enfermeras y médicas no pueden trabajar ni comunicarse con hombres, más de 18.000 profesoras dejaron de recibir su salario en diciembre y algunas están mendigando en las calles, y las empresas se ven obligadas a cerrar por no tener infraestructura para responder a las exigencias de los talibanes en la segregación por sexos. Todo ello, unido a las restricciones en su movilidad que les obliga a desplazarse acompañadas de un hombre que cumpla unos determinados requisitos (mahram) ha hecho que muchas mujeres cuyo sueldo era el único medio de vida en sus familias, estén encerradas en sus casas sin saber qué hacer para sobrevivir, o se vean forzadas al matrimonio.

Las niñas y mujeres que reaccionaron en un principio con protestas pacíficas, han sido sometidas a abusos, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas físicas y psicológicas. Una de ellas describía así el trato recibido: Eres asquerosa […] Estados Unidos no nos da dinero por vuestra culpa, zorras’ […] Luego me dio una patada… en la espalda, y también me pateó la barbilla”.

El informe de AI concluye con unas recomendaciones para la protección de las niñas y las mujeres afganas que acabe con su sufrimiento y con la gravedad de la crisis económica que como consecuencia de la represión talibán, está llevando a la población a la pobreza y el hambre; y con un llamamiento a la comunidad internacional para que imponga a los talibanes medidas de presión sin perjudicar a la población afgana. “Si la comunidad internacional no actúa, estará abandonando a las mujeres y las niñas de Afganistán y perjudicando los derechos humanos en todo el mundo” concluye Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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