En el 2021, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 22% en Andalucía tal como informa La Vanguardia.
Según se recoge en el informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2020, elaborado por el Ministerio del Interior y el último donde quedan desglosados el tipo de agresiones a menores, es la comunidad más afectada por este tipo de infracciones. En concreto, de los 10.293 hechos esclarecidos en todo el territorio nacional, 1.824 proceden de esta comunidad generando 2.252 víctimas y un 49,1% son menores con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años.
A pesar de los datos, Save the Children muestra una realidad aún más dura y es que solo se denuncia un 15% de los casos por lo que muchos de los casos siguen sin estar reflejados en las cifras del Ministerio.
No hay un perfil determinado del abusador y queda descartada la vinculación de la comisión del delito con problemas mentales, si bien se ha demostrado que en la mayoría de los casos los delincuentes son hombres (97%) de entre 18 y 40 años (86%) y de nacionalidad española (67%) que detectan la fragilidad de los chicos y les imponen la ley del silencio para cometer el abuso.
Hay que prestar una especial atención a los y las menores que son más vulnerables si cabe, como lo son los niños y niñas con discapacidad ya que son víctimas más vulnerables e indefensas. Las evidencias indican que la creación de espacios seguros, de relaciones de calidad y de contextos en los que se las comunidades actúen unidas para hacerle frente, son claves para la prevención.
Conocer los datos nos debe de ayudar a ser conscientes de la necesidad urgente de implementar políticas y acciones comunitarias efectivas basadas en evidencias de impacto, las cuales podemos consultar, para que cada vez haya menos barreras para romper el silencio y para ejercer este tipo de abuso tan atroz.
