En Europa viven más de 100 millones de personas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad constituyen el 16% de la población total de mujeres en la Unión Europea y tienen que hacer frente a una discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida. Ellas, especialmente mujeres y niñas con discapacidad, continúan siendo esterilizadas contra su voluntad en la Unión Europea.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ha expresado su preocupación por el hecho de que varios Estados miembros de la Unión Europea aún autorizan la esterilización forzada, entre ellos Croacia, Chequia, Alemania, Francia, Lituania y Eslovaquia. Al mismo tiempo destacan que faltan investigaciones y datos sobre cuántos países autorizan tales prácticas nocivas y cuantas mujeres y niñas se ven afectadas. Prácticas tan dañinas y terribles aún pueden tener lugar, en silencio e impunidad, en todos los estados miembros de la Unión Europea.
El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) ha presentado una campaña de recogida de firmas donde exige que se prohíba la esterilización forzada y apoyen medidas para poner fin a este abuso en todos los estados miembros de la Unión Europea. Se puede firmar en este enlace: https://you.wemove.eu/campaigns/end-forced-sterilisation-in-the-eu-now
Y en los hashtag #NadaSobreNosotrosSinNosotros y #AcabarconLaEsterilizaciónForzada.
Para seguir avanzando en la igualdad y la libertad, garantizando los derechos de las personas incluyendo a las que presentan diversidad funcional es clave poder hablar sobre el consentimiento. Todas las personas tenemos derecho a elegir con libertad las decisiones que afectan a nuestras vidas. En base a esta idea es crucial garantizar este derecho para las personas con diversidad a través de los mecanismos que sean necesarios porque sabemos que a consecuencia de sus dificultades comunicativas, entre otras causas, sufren muchos abusos y aún en demasiadas ocasiones no se tienen en cuenta sus opiniones, sus voces, sus propuestas, sueños..,
Necesitamos asegurar que las personas con discapacidad sepan que es el consentimiento, darles las herramientas para que lo ejerciten y ejerzan porque sabemos que eso les protegerá de sufrir abusos en sus vidas. Hemos de ayudarles a tomar sus propias decisiones.
Las instituciones, los organismos y todas las personas que tratamos con personas con discapacidad deberíamos tener muy claro que ellas también tienen derecho a disfrutar de vidas saludables y dignas, libres de violencia y abuso.
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