ONU ha publicado un Informe dirigido al Consejo de los Derechos Humanos a cargo de Siobhán Mullally, la Relatora Especial sobre la trata de personas, en el que reune evidencia y analiza cuál es su prevalencia en el sector agrícola, concretamente, con fines de trabajo forzoso, una arista más de la esclavitud. El análisis visibiliza el preocupante grado de explotación de la infancia en este ámbito y expresa una gran preocupación ya que lejos de disminuir, según expone, estima en 8,4 millones el aumento de niñas y niños explotados en el campo desde 2018.
En el caso de las mujeres, según informa la Relatora Especial, están particularmente expuestas a riesgos de trata y otras formas de violencia, incluidos el abuso y el acoso sexual. Según Mullally el trabajo agrícola de las mujeres es invisible, las brechas en las medidas de asistencia, protección y prevención de la trata son aún mayores. Las mujeres y las niñas son traficadas con todos los fines de explotación, incluido el trabajo forzado, la explotación sexual y el matrimonio forzado.
Así pues ONU insta a los Estados a tomar medidas urgentes de cara a asegurar unas condiciones de trabajo justas y favorables así como un trabajo decente para todas las personas sin discriminiación como parte esencial en la prevención integral de la trata de personas. En base a ello, el Informe establece una serie recomendaciones dirigidas a erradicar la trata de personas en el sector agrícola, entre las que destacan algunas como el cumplimiento a su vez de la recomendación general num.38 (2020) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este principio recuerda, entre otros, la importancia de velar para que la legislación contra la trata se ocupe de los problemas sociales y económicos a que se enfrentan las mujeres y niñas del ámbito rural, impartir formación con perspectiva de género sobre medidas de prevención, protección y asistencia para víctimas al personal laboral de justicia, cuerpos de seguridad, trabajadores y trabajadoras sociales con especial esfuerzo en las zonas del campo y las comunidades indígenas.
Otra de las recomendaciones va dirigida a la necesidad de reforzar las medidas de prevención de la trata de menores en el sector agrícola que pasa por mejorar la capacidad de los sistemas de protección infantil, la adopción de medidas para la erradicación de la pobreza y la mejora del acceso gratuito a la educación así como la inclusión de sus voces en la formulación y aplicación de las medidas de prevención y protección.
En total 26 recomendaciones que recuerdan el real cumplimiento de la normativa ya existente y los sistemas de control con la importancia de que la mirada esté en asegurar la protección y la igualdad de los derechos humanos para todas las personas sin excepción.
