El pasado 20 de junio se celebraba el Día Internacional de las Personas Refugiadas. La campaña de este año promovida por las principales organizaciones internacionales bajo el lema #infanciaenmovimiento, ha puesto el foco en las niñas y niños que se ven obligados a huir de sus hogares y lugares de origen a causa de los conflictos, la persecución y el cambio climático. La falta de seguridad y oportunidades humanas empujan a más de 13 millones de menores de 18 años a ponerse en movimiento en busca de lugares en los que sus derechos fundamentales sean respetados y haya posibilidad de futuro para ellos y ellas.
Según recoge el informe publicado por Naciones Unidas este mismo año titulado Violencia Contra la Infancia en Movimiento, se estima que hay 244 millones de personas migrantes en todo el mundo y las cifras sobre el número de personas que se han visto en la necesidad de abandonar su hogar han pasado de ser 42,3 millones en el año 2012 ha más de 70 actualmente.
En 2016, más de 75.000 solicitudes de asilo en 70 países diferentes fueron presentadas por personas menores no acompañadas o separadas (UASC por sus siglas en inglés) Esta situación es de las que más expone y aumenta la vulnerabilidad de la infancia a sufrir abusos y explotación.
En este sentido el informe elaborado por encargo de la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas, insiste en la importancia de los datos y las evidencias científicas para identificar los factores de riesgo y cuáles son las claves para la prevención de la violencia entre otros aspectos. Tal y como se propone en el documento, una evaluación e investigación cuidadosa, ética y participativa que cuente con las voces de quienes han sufrido en primera persona esta circunstancia.
El informe propone una serie de medidas para la creación de un continuo de protección a la infancia que se desplaza sola, basadas en intervenciones multidisciplinares dentro y fuera de las fronteras que cuenten con las autoridades de protección infantil, las agencias de aplicación de la Ley y funcionariado de migración; colectivos de profesionales tales como trabajadores y trabajadoras sociales, pediatras y personal sanitario, docentes y personal laboral de justicia, así como las instituciones independientes pro-derechos de la infancia y la sociedad civil.
Vemos cómo propuestas para hacer frente a problemáticas de este calado, pasan por un enfoque en el que se involucra a cada vez más sectores de la sociedad los cuales han de velar por garantizar los derechos y bienestar de las niñas y los niños en todo momento.
