Los delitos de odio juvenil son un problema social que se basa en el racismo y la intolerancia, los prejuicios, el miedo, la desconfianza y la hostilidad contra determinados miembros de una sociedad terminando en actos de violencia. Se trata de comportamientos aprendidos que, además de sus devastadores efectos sobre las víctimas individuales, tienen terribles consecuencias también sobre las familias, las comunidades, las instituciones y la sociedad en general. Este tipo de delito está motivado frecuentemente por el odio o la frustración del delincuente contra la raza, religión, origen étnico o nacional, sexo, discapacidad u orientación sexual de la víctima; por lo que el consenso general es que un crimen de este tipo se distingue de cualquier otro delito por el estatus simbólico de la víctima, ya que esta habría sido intercambiable por cualquier otra persona que compartiera las mismas características que motivaron el delito.
Para desarrollar métodos de prevención, identificación temprana e intervención, los y las profesionales de la salud mental deben ser conscientes de la magnitud y origen del problema y comprenderlo en profundidad y a nivel social. Con el fin de proporcionar una base para desarrollar tal comprensión, el artículo Youth hate crimes: identification, prevention, and intervention, publicado en la revista científica ‘The American Journal of Psychiatry’, realiza una revisión de la literatura científica relacionada con los delitos y crímenes de odio juvenil. Los resultados apuntan a que la mayoría de los delitos de odio son cometidos por chicos menores y hombres jóvenes que no están afiliados a grupos organizados y que parecen estar representados como autores de manera desproporcionada, lo que puede aportar claves acerca de la actual socialización en masculinidades tradicionales dominantes violentas. Además, se analiza cómo estos delitos motivados por el odio se diferencian de otros tipos de delitos penales en varios aspectos. Primero, un crimen o delito de odio no es meramente un ataque contra un individuo, sino contra todas las personas que pertenecen a ese grupo o colectivo, con lo que el criminal envía un mensaje a la sociedad. En segundo lugar, en un delito de odio, la característica de la víctima que ha motivado el ataque es algo que la persona no puede modificar de sí misma (p. ej., raza, religión, orientación sexual, etc.), por lo que es posible que termine pensando que no puede reducir la probabilidad de victimización futura. Una tercera característica de los crímenes o delitos de odio es que la víctima, desde el punto de vista del perpetrador, podría haber sido cualquier persona dentro del grupo objetivo. En cuanto a las barreras para determinar la prevalencia de los delitos de odio, una de las más extendidas es la reticencia de muchas víctimas a denunciar tales ataques, tanto por miedo a las represalias como por evitación postraumática. Por otro lado, muchas veces también perciben que el sistema de justicia penal está sesgado contra el grupo de la víctima, por lo que creen que no pueden denunciar los delitos motivados por el odio porque las autoridades policiales no responderán. Otro obstáculo que se identifica a la hora de no denunciar se debe a la dificultad para determinar que el incidente fue provocado por el odio. Sin embargo, los estudios han demostrado que es más probable que las víctimas denuncien un delito de odio si saben que existe un sistema especializado de denuncia para este tipo de delitos, lo que aporta otra clave importante para la detección de casos.
Finalmente, se concluye colocando el foco en una necesaria y mayor conciencia pública y una mejor y más profunda comprensión de la naturaleza de los delitos motivados por el odio si se quiere reconocer a los perpetradores y desarrollar intervenciones eficaces para la prevención. Para lograr este objetivo, se deben desarrollar bases de datos de delitos de odio juvenil a nivel nacional y se debe evaluar el éxito de los programas preventivos educativos. Se enfatiza que los y las profesionales de la salud mental desempeñan un papel fundamental en la detección y el tratamiento a la hora de desarrollar intervenciones para las personas y las comunidades afectadas por los delitos de odio; pero se alerta de que las escuelas no son inmunes a la intolerancia y la violencia y del hecho de que a menudo son un caldo de cultivo para actos violentos alimentados por el odio.
