La campaña ONE in FIVE que el Consejo de Europa llevó a cabo entre 2010 y 2015, puso de manifiesto que uno de cada cinco niños o niñas es víctima de violencia sexual durante la infancia. Según un estudio mundial llevado a cabo por We Protect – Global Alliance en 2021, a más de una de cada tres personas encuestadas se les había pedido que hicieran algo sexualmente explícito en línea durante su infancia, y más de la mitad había experimentado una forma de abuso sexual infantil. Las y los menores con diversidad funcional experimentan una mayor vulnerabilidad y riesgo a experimentar violencia: hasta el 68% de las niñas y en el de los niños el 30% con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, sufrirán algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años.
Los datos son escalofriantes. Mucho más si los interpretamos como la alta probabilidad de que cada uno de nosotros y nosotras tengamos contacto directo o indirecto con algún niño, niña o adulto ya, que haya experimentado abusos sexuales añadiendo el hecho de que, según las investigaciones más recientes, la pandemia ha incrementado la exposición de la infancia a estos peligros.
Recientemente, DF se hacía eco del preocupante porcentaje de material de abuso sexual infantil que la UE aloja por diversos motivos y que pone de relieve el hecho de que, a pesar de que cuenta con una Directiva adoptada en 2011 por la que está duramente penalizado su uso y distribución, y la Estrategia adoptada en 2020 para una lucha más eficaz contra el abuso sexual infantil, actualmente, sigue sin proteger suficientemente a las niñas y los niños. En este sentido, la dimensión on line añade un reto particular, entre otros motivos, porque la circulación de imágenes y vídeos de abuso sexual infantil perpetúa el daño experimentado por las víctimas, mientras que los delincuentes también han encontrado nuevas vías a través de estos servicios para acceder y explotar a los niños y niñas. en este contexto, el pasado 5 de mayo el Parlamento y Consejo Europeo lanzaban una nueva propuesta de Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual infantil que incorpora novedades como el establecimiento de un Centro Europeo para prevenir y combatir el abuso sexual infantil y así facilitar y apoyar la aplicación del presente Reglamento así como eliminar los obstáculos para acceder al “mercado interior” y detectar el abuso sexual infantil, denunciarlo y eliminar el material. El Centro creará, mantendrá y operará con bases de datos de indicadores de abuso sexual infantil en linea que los proveedores de servicios deberán usar para cumplir con las directrices para posibilitar la detección.
Son ejemplos de algunas de las funciones que realizará este organismo cuya creación es inminente y que supone un paso muy necesario e importante por parte de la Unión Europea para proteger, garantizar y cuidar los derechos fundamentales y el bienestar de la infancia.
