Una de cada 10 mujeres y chicas que dan a luz mientras cumplen con condenas de privación de libertad lo hacen dentro de la prisión en lugar de en un hospital, sabiendo que las mujeres en prisión tienen cinco veces más probabilidades de tener un mortinato y el doble de probabilidades de dar a luz a un bebé prematuro que necesita atención especial. El 28% de los bebés nacidos de mujeres que cumplían pena privativa de libertad entre 2015 y 2019 ingresaron posteriormente en una unidad neonatal, el doble de la cifra nacional. Además, al cabo de 18 meses de haber nacido quitan los bebés de las madres.
Once países, incluidos Rusia, Brasil, México, Italia y Portugal, tienen leyes contra el encarcelamiento de mujeres embarazadas, pero Reino Unido no, a pesar de que más de tres de cada cinco mujeres ingresan en prisión por sentencias de menos de seis meses. La organización feminista Level Up, junto con los grupos como Women in Prison, No Births Behind Bars, Birth Companions y otros, incluidos colectivos de comadronas, personal médico y juristas están haciendo campaña para poder cambiar esta problemática.
Según The Guardian, esta campaña no se trata solo de los riesgos de que las mujeres ya traumatizadas se vean obligadas a soportar cuando dan a luz en la prisión sino también de que la prisión es un lugar inseguro para cualquier mujer en cualquier etapa del embarazo. Muchas presas apuntan a los miedos que tienen de no recibir ningún trato médico durante el embarazo, de no recibir comida adicional o especial cuando no se encuentran bien o de que las dejen pariendo solas. A lo que las y los profesionales de salud están respondiendo de forma contundente para protegerlas.
Coordinadora del Metoo University