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Si bien a las mujeres en Bielorrusia en general se les niegan sus derechos y libertades, las activistas políticas están sometidas a desapariciones forzadas, tortura, malos tratos y exilio, según la Asamblea General de la ONU, incluida la amenaza de secuestro de sus hijos por parte de agencias que supuestamente ofrecían protección social.

La Relatora Especial describió un patrón en el que el gobierno de Bielorrusia reprime a la sociedad civil, restringiendo los derechos cívicos y políticos de las mujeres, en particular su libertad de reunión, asociación y expresión. Unas 800 personas en Bielorrusia han sido encarceladas por motivos políticos y más de 270 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes han sido o están siendo liquidados.

La ONU pidió a las autoridades de Bielorrusia que vean el activismo público pacífico no como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la protección de los derechos de toda la población.

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