Naciones Unidas define el feminicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.
El informe Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México, publicado este año por Amnistía Internacional, revela que a lo largo del 2020 sólo, se registraron 3723 muertes de mujeres por violencia de género de las cuales 940 fueron catalogadas como feminicidios. La investigación identifica una serie de deficiencias en las investigaciones penales que sugieren que no se trata de algo anecdótico sino que se trata de un patrón de negligencias en los procesos de investigación sobre feminicidios precedidos de desaparición. Así pues, el informe constata que existen deficiencias tales como la pérdida o extravío de evidencias, el no agotamiento de todas las opciones de investigación y no se aplica la perspectiva de género. Amnistía Internacional denuncia que tales irregularidades ocurren desde hace más de 20 años y no sólo en el norte del país sino que hoy día en otras zonas también y añade que en los últimos años se observa un crecimiento en el número de desapariciones de mujeres con lo se podría estar generando una imagen engañosa de la magnitud real del problema.
Según la organización internacional, el Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su deber de prevenir la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Estado mexicano persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias de víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias.
#HastaSerEscuchadas es la campaña que Amnistía Internacional ha lanzado tras conocerse los resultados del Informe con el fin de conseguir que las autoridades reconozcan públicamente los errores cometidos en las investigaciones de los feminicidios, implementen las recomendaciones que se desprenden del estudio llevado e inicien un proceso de reparación del daño causado y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres a la vida y la seguridad física así como de sus familias a la protección judicial y el acceso a la justicia.
La iniciativa además de contribuir a visibilizar la extrema violencia que las mujeres están sufriendo en México, busca presionar a las autoridades para que respeten y lleven a cabo correctamente los protocolos de actuación ya que de lo contrario afecta gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la no repetición. Así, la nota de prensa recoge la declaración de intenciones de parte de Edith Olivares-Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; seguiremos alzando nuestras voces junto a las de las familias de las víctimas y apoyándolas [..,] hasta que sean escuchadas.