La explotación y el abuso sexual se encuentran entre las peores formas de violencia contra la infancia. Aproximadamente uno de cada cinco niños y niñas es víctima de alguna forma de violencia sexual en Europa y en aproximadamente el 80% de los casos el abusador es alguien conocido. Así mismo, este tipo de violencia cobra diversas formas, siendo la explotación y el abuso sexual infantil on line una de ellas.
La Convención de Lanzarote, celebrada en 2007 con motivo de la 28ª Conferencia de Ministros de Justicia de Europa, fue el primer tratado firmado por todos los Estados miembros del Consejo de Europa dedicado específicamente a la protección de los niños y las niñas contra la violencia sexual. Una de las acciones que se desprendieron de este encuentro fue el proyecto Poner fin a la explotación y el abuso sexual en línea en Europa.
A principios de este mes, el Informe que se elaboró en 2019 como producto de la investigación llevada a cabo en el programa ha sido actualizado y publicado en una segunda edición. En esta se añaden nuevos hallazgos, recomendaciones y, más concretamente, información nacida del contexto de la pandemia COVID-19. En el estudio han colaborado organizaciones como WePROTECT Global Alliance, INHOPE, INTERPOL, EUROPOL y el Fondo para Poner Fin a la Violencia Contra las Niñas y los Niños, que ha proporcionado la financiación necesaria para llevar adelante el proyecto.
Esta segunda versión aporta una interesante contribución al análisis de la respuesta de protección infantil aplicada en la crisis por la COVID-19 presentando la información más reciente sobre prácticas que se revelan como prometedoras y los retos que las naciones aún tienen por delante. Incluye además una lista de recomendaciones y orientaciones que abordan las necesidades más urgentes a la luz de lo estipulado por los Convenios de Lanzarote y Budapest en las que los Estados miembro se pueden apoyar a la hora de diseñar un plan de actuación que aborde diversos ámbitos. Entre las mismas, destacan aquellas que van el la línea de garantizar una educación en el uso de la red, la identificación y el manejo de las personas condenadas por delitos sexuales, medidas para que los proveedores de servicios y las plataformas digitales impidan el acceso a los abusadores, el desarrollo de una línea nacional directa de denuncia o el desarrollo legal que subsane las lagunas que aún existen a la hora de condenar con contundencia este tipo de violencia infligida hacia las niñas y los niños.
En este marco de actuación, el Consejo de Europa tiene previsto seguir trabajando por evaluar el impacto del proyecto como parte de su compromiso con la promoción de los derechos de la infancia y desde el mismo informe, que pone a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana, recomienda que los Estados miembros implementen cada vez más respuestas desde la multidisciplinariedad para no sólo combatir, sino también prevenir la explotación y el abuso sexual infantil.
