Este viernes entró en vigencia la reforma al código civil que contempla una mayor protección para las niñas y niños a través de la negación de visitas a padres que estén en un proceso judicial o tengan condena por maltrato machista.
Durante el reciente verano se tramitó esta reforma que buscaba un fin diferente en sus comienzos, la de acabar con la incapacitación determinada a personas con discapacidad intelectual, sin embargo, en el senado se decidió que era necesario cambiar el artículo 94 de dicha ley que habla sobre los derechos de los padres que no se tienen custodia de los hijos menores y la gestión de las visitas.
A partir de este cambio, las y los jueces podrán negar las visitas a los maltratadores así como retirar visitas otorgadas previamente. El principal objetivo de estas medidas es combatir la denominada violencia vicaria, la que los padres violentos ejercen sobre los hijos e hijas con el objetivo de causar el mayor daño posible a sus parejas o exparejas. En España, en los últimos 9 años ha habido casi 40 casos de infanticidio, donde en su gran mayoría el motivante ha sido el divorcio, separación o el inicio de una nueva relación por parte de la madre.
Es por esto que esta reforma trae protección, al limitar las interacciones de los padres con los hijos y con esto las posibilidades de infringirles daño físico y psicológico.
Respecto de la normativa, vale saber que una denuncia no será suficiente para que se apliquen las medidas. Deberá existir un proceso en curso o cerrado y una orden de protección hacia la madre por lo que se considera que haya indicios fundados, es decir, informes y evidencias en que el maltrato existe ya sea físico o psicológico.
La prohibición es como norma general, pero siempre irá por delante el interés general del niño y en aquellos casos, que habiendo un estudio a fondo se considere que lo mejor para las y los hijos, sea mantener el contacto, será posible otorgar las visitas, aunque en ningún caso se podrá dar ese paso cuando el progenitor en cuestión se encuentre en prisión, provisional o firme, por los citados delitos, como ha reportado RTVE.
Estas medidas son la respuesta a un llamado que se hace desde las entidades feministas, de protección a las mujeres y a las y los menores hace muchos años y que se espera tenga un efecto positivo en la vida de los menores, su salud física y mental.
