Cada vez se registran más evaluaciones de experiencias que demuestran que invertir en intervenciones cuyo enfoque se basa en la prevención de la violencia de género es mucho más eficaz que hacerlo en aquellos que se centran en proporcionar una respuesta a las supervivientes, lo cual no quiere decir que hoy por hoy no sigan siendo muy necesarios. El desarrollo de la investigación en el campo de la prevención facilita entenderla cada vez mejor y un cuerpo de evidencias para orientar políticas y programas de éxito.
En 2014, el Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación financiada con 25 millones de libras esterlinas junto con el programa de innovación “Qué funciona para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”, con el objetivo de comprender en profundidad las causas fundamentales de la violencia de género en países de ingresos bajos y medianos y cómo se podría prevenir.
El proyecto, dirigido por un consorcio encabezado por South African Medical Research (SAMRC), el Comité Internacional de Rescate (IRC) y la Universidad Nacional de Irlanda (NUI) Galway, desarrolló 15 estrategias de prevención en 12 países de África y Asia. A través del mismo, se estudió, por un lado, las causas y prevalencia de la violencia contra las niñas y las mujeres, también en situaciones de conflicto y emergencias humanitarias o relacionadas con la discapacidad. Por el otro, se evaluó el coste económico y social de la violencia de género así como la rentabilidad del enfoque preventivo.
Recientemente se ha publicado un documento resumen en el que se recoge a modo de tips la información más relevante a tener en cuenta. Un ejemplo es el hecho de que más del 50% de los programas implementados han conseguido reducir de forma significativa la violencia. Lo han conseguido paralelamente a mejoras secundarias, pero no por ello menos importantes, como la alimentación, la seguridad, los ingresos económicos y los ahorros, la salud mental, la reducción del consumo de alcohol y la transformación hacia actitudes más igualitarias en lo que al género se refiere.
Esto ha sido posible, así se refleja entre sus conclusiones, gracias a que ha prevalecido la apuesta por acercar las evidencias a todos los sectores involucrados: población civil, entidades y organizaciones socias, administraciones de los gobiernos participantes y otros socios internacionales. Tal y como se lee textualmente en el documento, la evidencia se ha difundido y se considera un bien público global y, de acuerdo con esta afirmación, queda demostrado una vez más que se trata de un elemento clave y un derecho de las personas con las que, independientemente del contexto en el que nos encontremos, a medida que las vayamos conociendo y se tengan en cuenta en las decisiones que nos afectan, podremos mejorar nuestras vidas.
