P estaba haciendo su tesis doctoral sobre género y escuela. El depósito de su tesis coincidió con el momento cuando se presentaron los resultados de un proyecto nacional sobre violencia de género en las universidades. La tesis la sometieron a una evaluación externa, mediante la cual, la calidad de esta fue valorada negativamente. Las personas evaluadoras elaboraron un informe diciendo que la tesis no era consistente, tampoco el modelo educativo que analizaba y recomendaron incluir algunos autores.   

Su directora, ya había informado a la dirección de su facultad la existencia de mecanismos que podrían facilitar el acoso dentro del programa de máster y doctorado de la facultad. Los hechos se denunciaron por escrito a vicerrectorado y al vicedecanato correspondiente, alegando que la tesis había sido avalada científicamente por otros profesionales, por ejemplo, P había hecho una estancia a una universidad de prestigio norteamericana. También que, el modelo en el que se basaba, estaba validado por un proyecto competitivo internacional. En ese contexto también se organizó una charla con la directora de la oficina contra el acoso de una universidad extranjera de prestigio, alzando la voz contra la VdG en la universidad. 

P tuvo que rehacer la tesis, incorporando algunas cosas de las que le habían dicho. La tesis se tuvo que maquetar y depositar una segunda vez en la que sí fue aceptada. La persona que llevaba el caso en la facultad, resultaba ser cómplice de alguna persona que tuvo denuncias por acoso en la universidad. P logró después un contrato postdoctoral competitivo en otra universidad, gracias al potente currículo que tenía. La actitud que sufrió en su facultad, demostraba ser parte de las represalias por defender las víctimas del acoso sexual. 

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