El discurso de odio se multiplica de forma exponencial a través de los medios de comunicación electrónicos y las redes sociales dañando la vida de muchas personas. El anonimato de los mensajes y la consecuente sensación de impunidad contribuyen a ese crecimiento.

La irrupción de la pandemia de COVID-19 impulsó el inicio de una monitorización específica en las redes sociales por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) para valorar el discurso de odio contra la población asiática. Tras esta experiencia se decidió continuar con un proyecto piloto para hacer una monitorización diaria y sistemática del discurso de odio en las plataformas de servicios de alojamiento de datos más importantes en España y ampliar al discurso de odio de motivación xenófoba, racista y antinmigración. Los primeros resultados de esta monitorización están disponibles en forma de Boletín para que se puedan utilizar como material de reflexión, análisis y diseño de actividades contra el discurso de odio.

Coordinado por este mismo Observatorio perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se presentó el pasado mes el Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. Este Protocolo se inspira en el Código de Conducta que firmó la Comisión Europea en 2016 con las empresas de internet, en la Recomendación de la Comisión Europea de 2018 sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, y se basa en la legislación española vigente en la materia.

En el acto de presentación estuvieron representadas las diferentes entidades firmantes del documento: instituciones públicas (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales, Migraciones, y Centro de Estudios Jurídicos); plataformas de organizaciones de la sociedad civil (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; Consejo Estatal del Pueblo Gitano; Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación; Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales; Plataforma de la Infancia; y Plataforma del Tercer Sector); y la Asociación Española de la Economía Digital, en la que se integran empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft.

Las actuaciones asociadas a la puesta en marcha de este Protocolo se aplicarán sin menoscabo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información recogidos en la Constitución Española.

En el documento se acuerda establecer un punto focal nacional -la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado- como interlocutora de la administración pública con las empresas de internet; acreditar y formar a trusted flaggers (o usuarios de confianza); tramitar preferentemente las comunicaciones provenientes de los trusted flaggers debidamente acreditados; establecer circuitos de notificación homogéneos del discurso de odio; y finalmente, implementar el protocolo y su seguimiento en el marco del Acuerdo Interinstitucional para combatir el racismo, la xenofobia, la lgbtifobia y otras formas de intolerancia. Se describe cómo el Punto de Contacto podrá requerir al prestador de servicios de alojamiento de datos que no informe al proveedor de datos de la retirada o bloqueo de un contenido, cuando constituya un delito grave.

Con la publicación de este Protocolo, el OBERAXE pone una herramienta más al servicio de la ciudadanía en su reconocida trayectoria para la superación de las desigualdades y la discriminación, que en este caso favorecerá que Internet sea un lugar más seguro para el debate público y el intercambio de información apoyando los discursos solidarios, diversos, inclusivos y democráticos.

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