Las personas con discapacidad han resultado especialmente dañadas por el COVID-19 debido a tres factores: la enfermedad en sí misma conlleva un riesgo para ellas, su acceso a la rehabilitación y la atención médica rutinaria se ha visto reducido y los esfuerzos para mitigar la pandemia han tenido consecuencias adversas en sus relaciones sociales.
La prestigiosa revista médica The Lancet ha publicado recientemente que el riesgo de muerte por COVID-19 durante el pasado año en Inglaterra, fue más del triple en hombres con discapacidad y medio punto más para mujeres con discapacidad que para hombres y mujeres sin discapacidad.
En muchos países y regiones de todo el mundo las personas con discapacidad tienen que hacer frente a muchas barreras para ser incluidas en la respuesta a esta pandemia: no está garantizada su seguridad en las residencias ni se les presta el apoyo adecuado cuando viven solas o sus familiares o cuidadoras están confinadas o han contraído la enfermedad. No está asegurado el acceso a la comida, agua, sanidad, higiene, información sobre salud pública, internet ni pruebas de COVID-19. Tampoco se asegura la prioridad para la vacunación o tratamientos que la evidencia científica recomienda ni se están recogiendo datos suficientes sobre discapacidad para permitir la desagregación.
Las medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia han dejado a este colectivo en una peor situación de exclusión y algunas personas han llegado incluso a ser sancionadas cuando han necesitado buscar atención sanitaria o farmacias. Cuando la asistencia tecnológica y social ha quedado suspendida, los centros de día cerrados o los proyectos de voluntariado aplazados, las personas con discapacidad se vuelven más dependientes de sus familias, si las tienen, o quedan aisladas. Otras veces son estigmatizadas por no poder cumplir estrictamente las medidas de seguridad o aumenta el riesgo de sufrir violencia física y sexual en el confinamiento al estar este colectivo en especial situación de vulnerabilidad frente a estos ataques, como muestran los datos de otros artículos de esta misma revista.
Las personas con discapacidad han sido en muchos casos escandalosamente ignoradas en la oferta educativa, la provisión de equipos de protección individual o el uso de la lengua de signos en las informaciones oficiales. En muchos países la información se ha transmitido de manera confusa y complicada para este colectivo provocando incertidumbres o miedos que han impactado en su salud mental.
A pesar de todas estas barreras, también ha habido avances positivos. En muchos casos, cuando han podido acceder a internet, han participado en la sociedad como nunca antes lo habían hecho realizando actividades de ocio, educativas, laborales o compras sin barreras físicas o comunicativas. También han surgido claras muestras de solidaridad en vecindarios donde se han sentido protegidas y confiadas para dar lo mejor de sí mismas.
El pasado 3 de marzo, la Comisión Europea ha presentado la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030. Con esta nueva Estrategia, la Comisión pretende asegurar su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones con cualquier ciudadana o ciudadano de la Unión, mediante iniciativas clave en torno a tres temas fundamentales: libre circulación y participación política, vida digna e independiente con igualdad de acceso a bienes y servicios, y no discriminación. Necesitamos más evidencias y estrategias para conseguir que la inclusión social y la salud pública lleguen mejor a este colectivo, que representa el 15% de la población mundial. Hay que tener en cuenta a estas personas en todas las etapas posteriores a la recuperación, evaluando sus necesidades y asegurando que se les consulte y puedan participar en políticas de desarrollo, diseño e implementación de programas. Un futuro mejor tiene que venir de las lecciones aprendidas, escuchando sus testimonios y destinando recursos de manera que sirvan realmente para mejorar sus vidas.
