En los últimos años el gobierno de Irán ha implementado algunas medidas para proteger de forma específica a las víctimas de violencia doméstica, incluida la puesta en marcha de una línea directa de emergencia social, así como un número reducido de casas de acogida. Pequeños pero muy importantes hechos si recordamos que se encuentra entre los cuatro países que no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y aún sigue en pie la lucha por la aprobación de una ley que prohiba y penalice la violencia contra las mujeres.
En este sentido, han sido varios los intentos de que el parlamento iraní la aprobase. En 2013, tras la elección del presidente Rouhani, Shahindokht Molaverdi, vicepresidenta de asuntos de la mujer y la familia, asumió la finalización del anteproyecto de Ley. También Ebtekar, su sucesor sin éxito, en 2017.
El pasado mes de diciembre, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicaba un artículo en el que analizaba el último anteproyecto de ley propuesto, bajo el título Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia, en comparación con el Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de ONU mujeres, 2012. Según la organización, el documento, revisado y aprobado en 2019 por el poder judicial iraní, establece una definición amplia de la violencia contra la mujer, pero sigue sin contemplar muchas de las situaciones en que ésta también se da o no reconoce y tipifica como delito algunas de las formas ya reconocidas internacionalmente, por ejemplo la violación marital o las pruebas de virginidad. No obstante, el anteproyecto incorpora el aumento de las penas si la víctima tiene vulnerabilidades específicas incluidas las de ciertos grupos de la población como es el caso de las personas refugiadas o migrantes afganas que viven en Irán y que sufren discriminación y abusos constantes. También trata como delitos el acoso sexual y la coacción sexual a las mujeres. Otro importante dato es que obliga a la policía a crear unidades especializadas que se encarguen de proteger a las mujeres, contando, entre otras cosas, con mujeres en el cuerpo que se ocupen de los casos y de remitir a las víctimas para que reciban servicios médicos, jurídicos y de asilo en caso de ser necesario.
Hace unos meses, New York Times se hacía eco de los últimos avances como la publicación parcial del borrador de la Ley y su aprobación por parte del gabinete de gobierno. A falta de ser adoptado por el parlamento para ser una realidad, este avance refleja muy bien los cambios en la sociedad iraní que sin duda son fruto del diálogo que se ha ido creando a lo largo de los diferentes cambios políticos, cada intento fallido ha sido un andamiaje para el siguiente, y del empuje de los movimientos sociales, tanto del activismo por los derechos de las mujeres que inició esta reivindicación hace más de una década, como de la valentía y la reciente ruptura del silencio a través de las redes de varias decenas de supervivientes de acoso o abusos sexuales inspirándose en el movimiento #MeToo.
