La organización Rights4Girls, en colaboración con Trustlaw (de la Fundación Thomson Reuters), elaboró el informe Protección de supervivientes: Reducción del riesgo de trauma para las víctimas de trata sexual infantil sobre protección judicial en los procesos de testificación de las víctimas de trata sexual infantil en Estados Unidos.
Según denuncia, Rights4Girls, en los procesos penales de testificación, que pueden ser muy traumáticos para las víctimas de trata sexual infantil, los mecanismos de protección y acompañamiento son casi inexistentes. Con este informe la organización pretende que los procesos de protección que ya se aplican a víctimas de violencia de género y de abuso sexual infantil sean también extensibles a las víctimas de tráfico sexual infantil que durante mucho tiempo no solo han sido privadas de esta protección, sino también criminalizadas con el uso de términos judiciales como el de “child prostitute” (prostituta infantil).
Este hecho ya fue objeto de anteriores campañas como la de #NoSuchThing (No such a thing as child prostitute), que también fueron recogidas en ediciones previas de este medio. En ella, la organización condenaba este término como una vulneración de los derechos y la protección de los y las menores víctimas de tráfico sexual. Los efectos de la campaña no solo han logrado cambiar el lenguaje con el que se alude a las víctimas, sino que también ha llevado a la modificación de políticas y leyes en numerosos estados para proteger a la infancia de ser criminalizada de su propia explotación.
Sin embargo, el nuevo informe pretende dar un paso más en la protección contra el tráfico sexual infantil. El documento describe y unifica aquellas acciones que han demostrado su efectividad en la protección de víctimas y testigos de la trata sexual infantil en los procesos judiciales de declaración para que las medidas que se han aplicado hasta ahora de forma aislada no dependan únicamente de la decisión individual de cada tribunal o del estado en el que se celebre el juicio, sino que exigen su ampliación para todos los casos y a todos los estados. Algunas de estas medidas aluden a derechos tan básicos como el de evitar que las declaraciones de las víctimas se den en presencia de las personas acusadas de su abuso y tráfico sexual.
Las medidas recogidas buscan brindar el apoyo y protección en todas las fases de los procesos judiciales de declaración, incluidas las etapas previas y posteriores, y ofrecer este acompañamiento no solo a las personas consideradas víctimas directas, sino a todas aquellas que testifiquen en su favor. De esta forma, las medidas persiguen evitar la revictimización y mitigar los efectos traumáticos y de estrés subyacentes a estos procesos. Contribuciones como esta y su institucionalización suponen un avance en la lucha contra la violencia de género y de abuso infantil.
