La pandemia de COVID-19 lleva más de un año afectando el desarrollo de la vida cotidiana en todo el mundo, no solo por lo devastadora que es la enfermedad para aquellas personas que la sufren, sus familiares y sus entornos, y la pérdida irrecuperable de las vidas de quienes no pudieron superarla. Esta realidad es aún más difícil en aquellos países en los que la presencia de organizaciones extremistas violentas exacerba las desigualdades existentes, incluidas las de género, y supone una amenaza para los países que luchan por combatir las consecuencias económicas y sociales de la crisis COVID-19. 

Es en este contexto que del 25 de mayo al 5 de julio de 2020, ONU Mujeres realizó una consulta digital mundial para recabar la opinión de la sociedad civil sobre las dimensiones de género del extremismo violento, en la que participaron 142 personas de la sociedad civil de 43 países

El pasado 16 de febrero se hicieron públicos algunos resultados, entre los que se destaca que las personas participantes afirmaron que la pandemia del COVID-19 agravó las desigualdades de género existentes, y pusieron de relieve la necesidad de cambiar de rumbo a la hora de abordar el extremismo violento y el terrorismo y de invertir en iniciativas que promuevan la igualdad de género y los derechos humanos en las comunidades.

Para graficar la situación, se compartió la experiencia de cinco activistas de los derechos humanos y de la igualdad de género quienes explican las necesidades de sus comunidades y los esfuerzos para construir la paz frente al extremismo violento y el COVID-19.

Las cinco experiencias destacan la importancia del trabajo comunitario para desarrollar condiciones igualitarias para las mujeres desde las bases. Entre ellas concuerdan con que la educación, el diálogo y el trabajo comunitario son claves para que la paz y los derechos de las mujeres se conviertan en una realidad en cada uno de sus contextos.

Fatima Askira es una joven líder nigeriana y constructora de la paz. Nacida y criada en el estado de Borno, punto álgido de la insurgencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria, fundó en 2014 la Iniciativa de Desarrollo de las Mujeres de Borno (BOWDI) a través de la cual dirige programas de formación y tutoría para mujeres y niñas nigerianas, incluidas las víctimas rescatadas de Boko Haram.

“Nigeria ha sido durante mucho tiempo una sociedad patriarcal, en la que la brecha de género está lejos de cerrarse. La reducción constante de los puestos de las mujeres en las instancias de toma de decisiones, su progresiva exclusión de los espacios políticos y la continua falta de estructuras de gobernanza han creado un terreno fértil para el extremismo violento, que puede frenarse mediante la educación y la movilización de las mujeres de base”. 

Fatima Pir Allian es la Directora de Programas de Nisa Ul Haqq fi Bangsamoro (Mujeres por la Justicia en el Bangsamoro), una organización que ofrece un lugar para que las mujeres del Bangsamoro interpreten progresivamente las enseñanzas islámicas en materia de género, derechos de la mujer y cuestiones de paz y desarrollo.

“En el Bangsamoro (sur de Filipinas), todavía estamos marcados por el recuerdo de la Quema de Jolo de 1974, un enfrentamiento de siete días entre el Estado y los grupos secesionistas, que dejó a nuestra comunidad devastada. El diálogo comunitario es una herramienta eficaz para permitir que las personas más vulnerables de nuestras comunidades encuentren su voz, compartan sus historias y reconozcan que nuestras trayectorias pueden ser más similares que diferentes. Para eliminar la violencia y evitar que el conflicto se repita, las comunidades deben mirar a su pasado y aprender a procesar el trauma… La curación es un proceso complejo y largo y no puede lograrse sólo con el trabajo de la sociedad civil sobre el terreno. Necesitamos el apoyo de las instituciones estatales para garantizar la justicia e introducir cambios en las políticas.” 

Abdinasir Saman lleva 10 años trabajando para la Agencia de Paz y Desarrollo de Wajir (WPDA), fundada por mujeres líderes de la comunidad en el condado de Wajir, en el noreste de Kenia, a mediados de la década de 1990, en un momento en que la región estaba sumida en feroces conflictos de clanes.

La Agencia para la Paz y el Desarrollo de Wajir ha hecho una exitosa campaña para dejar de abordar la violencia contra las mujeres a través del sistema tradicional y patriarcal de toma de decisiones. Sin embargo, “sigue siendo difícil controlar la situación y hacer cumplir las nuevas normas lejos de los centros urbanos”, comparte Saman. “Hasta que no se aborden los problemas cotidianos de las mujeres y las niñas aquí en Wajir, el extremismo violento y los conflictos seguirán creciendo. Especialmente cuando la pandemia del COVID-19 está creando más dificultades para las mujeres y las niñas, necesitamos un compromiso político y una acción sostenida de todas las partes sobre el terreno para responder a esos desafíos.

Samar Muhareb, directora general de la ONG jordana Renacimiento Árabe para la Democracia y el Desarrollo (ARDD), durante una visita al campo de Al Zaatri. ARDD se asoció con ONU Mujeres para promover el papel de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres en la construcción de la paz. Foto por cortesía de ARDD.

“Cuando se habla del aumento del extremismo violento en Jordania, y en todo el mundo árabe, se suele considerar a las mujeres como víctimas o contribuyentes a las ideologías extremistas, y se presta poca atención al papel que pueden desempeñar en la prevención de la violencia. En el Renacimiento Árabe para la Democracia y el Desarrollo (ARDD), nos centramos en el potencial infrautilizado de las mujeres para construir la paz en sus comunidades”.

La abogada colombiana Lourdes Castro García coordina el programa Somos defensores:

“El sesgo machista y patriarcal está tan arraigado en Colombia que a las mujeres líderes nos cuesta llegar a los puestos de dirección, e incluso cuando lo hacemos, seguimos expuestas a muchos tipos de violencia: a nivel familiar, en la vida pública, y más. La gran mayoría de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos no son debidamente investigadas, juzgadas y sancionadas. Por tanto, las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen un papel muy importante que desempeñar y deben exigir responsabilidades a los Estados.”

Educar a las mujeres y a los jóvenes para hacer frente al extremismo violento en Nigeria, el papel fundamental de la justicia para superar el trauma post-conflicto en Filipinas, detener la violencia contra las mujeres en Wajir, Kenia, invertir en el papel de las mujeres para prevenir el extremismo violento en Jordania y hacer que los estados rindan cuentas y apoyar a las mujeres líderes en Colombia, son las cinco ideas que las activistas destacan del trabajo que se está realizando y las necesidades que aun son prioritarias para terminar con aquellas situaciones de violencia extrema y destacan la importancia del trabajo conjunto de la sociedad civil, las administraciones y las organizaciones como ONU y ONU Mujeres para que esto sea una realidad a corto plazo.  

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