El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE por sus siglas en inglés) describe la mutilación genital femenina (MGF) como una forma grave de violencia de género que deja profundas cicatrices físicas y psicológicas en la vida de las víctimas en todo el mundo. Es un modo violento de subordinación de mujeres y niñas y contradice gravemente el principio de igualdad de género.
Según un estudio llevado a cabo por la organización End MGF, sólo en Europa alrededor de 600.000 mujeres, viven las consecuencias de la mutilación genital femenina, que afecta gravemente su salud y bienestar e incluso pone en riesgo sus vidas. El Informe publicado por ACNUR en 2018, Too Much Pain, a pesar de la caída con respecto al 2016, afirmaba que en 2017 66.000 mujeres y niñas solicitaron asilo en Europa huyendo de la MGF. La pandemia por el COVID-19 ha empeorado la situación al verse interrumpidos muchos de los programas de prevención y pausado el progreso hacia la reducción de esta cruel práctica, elevando el peligro que corren las vidas de las víctimas de una práctica que resulta un crimen atroz y una violación de los derechos humanos.
Esta circunstancia ha motivado a que las personas que lideran entidades de la Comisión Europea así como organizaciones internacionales de influencia en la lucha contra la MGF, se reunieran hace unas semanas, antes del 6 de febrero de 2021, Día de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con el propósito de reafirmar los compromisos adquiridos a través del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia 2020-2024, la Estrategia de igualdad de género de la UE 2020-2025 y el Plan de Acción de Género III e intensificar las actuaciones para erradicar la MGF, tanto en Europa como en todo el mundo.
A través de una pertinente Declaración conjunta, las y los diferentes representantes anunciaban la intención de presentar a lo largo de este año una propuesta legal para prevenir y combatir formas específicas de violencia de género así como una Recomendación específica sobre la prevención de prácticas nocivas.
Por otra parte, la UE sigue financiando la lucha contra la mutilación genital femenina en el marco de los programas para proyectos destinados a combatir la violencia de género. En este sentido, la próxima estrategia de la UE sobre los derechos de las niñas y los niños abarcará tanto la acción interna como externa, incluyendo esas acciones de prevención y respuesta a la violencia ejercida contra la infancia como en este caso lo es la MGF. Además, el nuevo Pacto sobre migración y asilo también tiene como objetivo reforzar las medidas de protección puestas a disposición de las personas con necesidades especiales y también garantizar la protección internacional de las mujeres y niñas que temen ser perseguidas o corren peligro de sufrir MGF.
Bien merece la pena cualquier declaración de intenciones al respecto, así como su puesta en práctica mediante la intensificación de las acciones necesarias y que los esfuerzos realizados a lo largo de tanto tiempo por erradicar esta práctica no se vean socavados por la crisis de salud derivada de la pandemia del COVID-19 que de forma tan nefasta está afectando a las personas más vulnerables. Es importante seguir teniendo presente que las campañas basadas en evidencias funcionan y contribuyen en gran medida a que las transformaciones sociales sean posibles, así lo refleja la investigación llevada a cabo por el EIGE, publicada en conmemoración del 6 de febrero, en la que se muestra cómo, a pesar del aumento del número de niñas en riesgo, cada vez más personas de la comunidad rechazan y se oponen activamente a la MGF y, tal y como afirmaba Carlien Scheele, Director del EIGE, liderando con frecuencia los esfuerzos para eliminarla.
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