Un nuevo informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU fue presentado por la Secretaria Ejecutiva de la organización, Alicia Bárcena. Disponible en su página web, el documento de 15 páginas, publicado el 10 de febrero de este año, destaca la importancia de avanzar en la implementación de políticas que contribuyan a una recuperación sostenible con igualdad de género en América Latina y el Caribe.
En la descripción de la situación actual se señala que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral. La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres fue del 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente).
Esta considerable baja en la participación de las mujeres en trabajos remunerados se debería a que las mujeres asumieron en mayor medida que los hombres las tareas de cuidados de sus familias, lo que dificulta la compatibilidad con el trabajo remunerado que no es posible realizar de manera telemática. Un ejemplo gráfico es que de los 13 millones de personas que en 2019 se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5% eran mujeres), en 2020 el empleo bajó un 24,7% en Brasil, 46,3% en Chile, 44,4% en Colombia, 45,5% en Costa Rica, 33,2% en México, y 15,5% en Paraguay.
Por su parte, debido a la caída del producto interior bruto (PIB) regional (-7,7% en 2020) y al impacto de la crisis en el empleo, el Informe estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.
En este marco, Alicia Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.
De acuerdo con el estudio, el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional y la paralización de la actividad productiva interna han impactado en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura. Por ejemplo, el sector del turismo, altamente feminizado, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, sufrió una contracción importante que afectó principalmente a los países del Caribe, donde una de cada 10 mujeres ocupadas se concentra en este sector.
“Resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”, alertó.
“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Bárcena.
