Una investigación realizada por The New Humanitarian y la Fundación Thomson Reuters ha puesto al descubierto los abusos sexuales perpetrados contra, al menos, 51 mujeres en el Congo durante el período de la crisis del Ébola durante los años 2018 y 2020.
Las mujeres relataron que fueron forzadas en espacios como oficinas u hospitales, donde fueron encerradas en habitaciones por hombres que las obligaban a tener relaciones sexuales a cambio de trabajo o a cambio de no perder el trabajo que tenían. Muchas de las mujeres que no habían denunciado hasta el momento habían actuado por miedo a represalias, a perder sus trabajos y por vergüenza. También declararon que no sabían cómo ni dónde poder denunciar los abusos. Entre las víctimas se encuentran mujeres que trabajaban como cocineras, personal de limpieza, trabajadoras comunitarias o una superviviente del Ébola en tratamiento psicológico. Entre las mujeres que han denunciado, dos quedaron embarazadas a causa de la violación.
Aunque la mayoría de los trabajadores denunciados pertenecían a la OMS, también se identificaron agresores que pertenecían a entidades como UNICEF, OXFAM, Médicos sin Fronteras, ALIMA y la Organización Internacional para las Migraciones. Algunas de estas organizaciones también han iniciado una investigación interna.
La portavoz de la OMS anunció que se está llevando a cabo una investigación interna y anima a las mujeres que hayan sufrido dichos abusos a denunciar. Afirmó que no se van a tolerar estos comportamientos ni por parte de su plantilla, ni de contratadores o socios. En el comunicado que la OMS ha colgado en su web, califica de inaceptables estos abusos, anuncia que no lo va a tolerar y tomará medidas medidas como la inmediata expulsión, entre otras. Finaliza reafirmando su compromiso con la tolerancia cero a la explotación y el abuso sexual.
Como ha ido publicando nuestro diario en diversas ocasiones (investigación de The Times, ONU, OXFAM, entre otras), son varias las ONG que están trabajando para tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas, realizando investigaciones internas, expulsando a los agresores y no silenciando la voz de las mujeres agredidas sino, animándolas a no callar y a denunciar.
Cualquier institución democrática y comprometida con los derechos de las mujeres y contra todo tipo de violencia, si no quiere ser cómplice y potenciador de dicha violencia, debería tener un igual comportamiento frente estas situaciones. Es necesario un compromiso público que sea altavoz de las víctimas y que ofrezca de forma clara cómo y dónde denunciar, si en el seno de su organización se están dando casos de abusos.
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