Australia cuenta con la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de las Mujeres (Australian National Research Organization Women’s Safety, ANROWS, por sus siglas en inglés), una agencia dedicada a la investigación independiente y sin fines de lucro creada con el fin de apoyar la lucha para el fin de la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas, desde la evidencia.
La iniciativa forma parte del Plan Nacional Australiano para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas para el periodo comprendido entre 2012 y 2022. En ANROWS trabajan para alcanzar el derecho de las mujeres y sus hijos e hijas a vivir libres de violencia y en comunidades seguras. Esta misión trata de involucrar a las personas investigadoras más prometedoras del país en la investigación interna bajo el paraguas económico de la Agencia Nacional de Investigación. Así, además de promover una investigación rigurosa, de calidad, innovadora y que realmente sea de relevancia, sus objetivos son;
- Garantizar la difusión y aplicación efectiva de los resultados de la investigación.
- Impulsar, crear y mantener redes de colaboración con otras partes interesadas.
- Y ser una organización eficiente, efectiva y responsable.
Uno de sus proyectos de investigación en curso, en relación con las conexiones existentes entre la violencia de género y las experiencias de encarcelamiento de las mujeres, ha publicado recientemente un documento en el que hace una síntesis de las últimas evidencias reunidas al respecto.
En Australia, como en otros países, ésta es una realidad a la que urge poner solución, ya que, según la organización, el número de mujeres que ingresan en prisión está aumentando y, de las mismas, entre un 70% y un 90% han sufrido abusos de diferentes clases. Uno de los aspectos que pone de relieve el documento es que las mujeres pueden quedar atrapadas en ciclos en los que, por un lado, la violencia que sufren puede aumentar el riesgo y los efectos del encarcelamiento a través de la participación en actividades criminalizadas de menor nivel, sobre todo. Un ejemplo, el tráfico y/o abuso de sustancias. Y, por otro lado, el encarcelamiento aumenta el riesgo y los efectos de la violencia pues, entre otras, se constata que, una vez fuera de prisión, las mujeres también se enfrentan a barreras adicionales que pueden incrementar su vulnerabilidad frente a la violencia como, por ejemplo, intentar evitar el contacto con la policía a la hora de buscar ayuda.
Además de los datos que reúne con respecto a esta realidad, el documento ha sido redactado para ayudar, en base a la evidencia, a quienes diseñan las políticas o trabajan directamente con personas afectadas por la violencia de género y la prisión. Y también para las personas que gestionan servicios relativos al alojamiento, salud mental, uso de sustancias y otras cuestiones relacionadas. Así pues, sugiere que una de las claves para interrumpir y abordar tanto la violencia de género como el encarcelamiento, particularmente en el caso de las comunidades aborígenes e isleñas del estrecho de Torres, es aumentar una oferta de viviendas públicas que sean accesibles y asequibles.
Otra de las claves que se apuntan es que las mujeres que cumplen penas de prisión y han sufrido violencia sexual y/o doméstica requieren una atención integral y consistente. En este sentido, es necesario desarrollar respuestas legales que respondan a las necesidades específicas de las personas que se encuentran en estas circunstancias y crear vías claras de apoyo así como servicios de protección integrales y coordinados para aquellas mujeres liberadas de prisión que sufren violencia de género. En el caso de las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las respuestas debe incluir y tener en cuenta siempre, la perspectiva cultural.
También apunta que es necesario que haya un mayor conocimiento por parte de los órganos judiciales del vínculo que existe entre ser víctima de violencia de género y el riesgo de caer en la delincuencia por la que muchas mujeres acaban cumpliendo penas de prisión, para la implementación de sentencias lo más justas posible.
El documento incluye la clave más importante para la erradicación de la violencia de género; la perspectiva preventiva. Poner mayor énfasis en los enfoques basados en involucrar a toda la comunidad para las intervenciones sobre violencia familiar, incluida la intervención temprana para adolescentes, y el desarrollo y financiamiento de iniciativas educativas y culturalmente transformadoras que ofrezcan a las mujeres una verdadera alternativa al camino de la delincuencia, así como contar con la voz de las supervivientes para que puedan dar sentido a su experiencia y trabajar para que a otras no les pase igual.
