El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que este año ha puesto el foco en el impacto que la crisis generada por la pandemia está teniendo en este ámbito. Entre otros actos conmemorativos, tuvo lugar la mesa redonda virtual de alto nivel para promover el diálogo sobre la importancia de proteger a los niños del trabajo infantil en los programas de respuesta y recuperación del COVID-19. 

Se considera niñas o niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social, moral o educativo. Según datos de la OIT, 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad están en situación de trabajo infantil peligroso. 

El trabajo infantil ha disminuido en 94 millones desde el año 2000, un logro que ahora podría verse amenazado según el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act  [COVID-19 y trabajo infantil: Tiempo de crisis, tiempo de actuar]. 

A partir de una revisión de la literatura existente acerca del impacto que han tenido otras crisis en el trabajo infantil, el informe analiza algunos de los principales ámbitos de influencia como son la caída del nivel de vida, el deterioro del empleo, la economía sumergida, el descenso en los envíos de dinero y las migraciones, la inminente crisis financiera o la contracción de los mercados y las inversiones extranjeras. También el cierre de las escuelas, los graves problemas de salud, el debilitamiento de los presupuestos públicos y de la afluencia de ayuda internacional, son causas que se identifican y analizan en este documento. 

Cuando desaparecen las posibilidades de acceder a los créditos, las familias recurren a las formas más desesperadas para obtenerlos. El riesgo para los niños y niñas de ser explotados por usureros puede aumentar a medida que se levantan las medidas restrictivas y se retoma la actividad económica. Al mismo tiempo, los niños y las niñas son más proclives a aceptar los trabajos peor remunerados. Las empresas pueden reclutar menores deliberadamente para reducir costes y aumentar beneficios.

En lo que se refiere al cierre de las escuelas en todo el mundo, hay que considerar que según muestran las estadísticas, casi la mitad de la población global no tiene acceso a internet para seguir la enseñanza online lo que deja cada vez más atrás a muchos y muchas estudiantes. Además de los beneficios de la educación, las escuelas proporcionan recursos esenciales de protección social, por lo que su cierre suscita una profunda preocupación por la vulnerabilidad de la infancia. Incluso cuando las clases se reanuden, muchos padres y madres no podrán permitirse enviar a sus hijas e hijos a la escuela, y en algunos casos ya estarán desempeñando otras ocupaciones. En el mensaje conjunto de la OIT y UNICEF para conmemorar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, advierte de que “Los niños y niñas en situación de trabajo infantil que habían logrado asistir a la escuela, ahora tienen un riesgo aún mayor de abandonarla, especialmente las niñas. Con las escuelas cerradas, aumenta la amenaza del tráfico de niñas y niños, la servidumbre por deudas y todas las formas de trabajo infantil.” Por otro lado, el enorme número de muertes que ha provocado el COVID-19 ha dejado a muchos y muchas menores sin protección, lo que les hace especialmente vulnerables a las peores formas de explotación infantil.

El COVID-19 ha sumido al mundo en una crisis sanitaria sin precedentes. Los efectos nocivos de esta pandemia no tienen el mismo impacto en todo el mundo. Se espera que afecte más negativamente a los países más pobres y en las zonas más pobres, y a los y las ya más vulnerables, como los niños y niñas en situación de trabajo infantil. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, y afrontan mayores riesgos de violencia sexual y de género, según el informe.

Este es un momento crítico a nivel global. Para mitigar el impacto del COVID-19, ahora y en el corto plazo, es vital defender los derechos de la infancia y los principios y derechos fundamentales en el ámbito laboral. 

El Marco político de la OIT para responder al COVID-19 contempla cuatro pilares basados en las directrices internacionales: estimular la economía y el empleo; apoyar a las empresas, empleos y sueldos; proteger a los trabajadores y trabajadoras en su entorno laboral; y buscar soluciones basadas en el diálogo. Por su parte, UNICEF en su Plan de Acción para el COVID-19 apela a la coordinación global para evitar que la crisis sanitaria derive en una crisis de los derechos de la infancia, y aboga por implementar medidas para mantener a la infancia sana y bien alimentada; proporcionarles agua, saneamiento e higiene; velar para que continúen sus estudios, ayudar a las familias para que puedan cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijas e hijos; proteger a la infancia de la violencia, la explotación y el abuso; proteger a la infancia refugiada y migrante, así como a niñas y niños afectados por situaciones de conflicto.

En julio de 2019, la Asamblea General de la ONU declaró 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, bajo el liderazgo de la OIT. 2021 marcará una oportunidad para alcanzar la meta 8.7 de los ODS a fin de erradicar todas las formas de trabajo infantil para 2025.

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