SAFER Campus, es una organización formada en el año 2000 por estudiantes, voluntarios y voluntarias, de la Universidad de Columbia que aspiraban a que las universidades contasen con protocolos que prestaran apoyo sólido a las víctimas de violencia sexual y llevaran a cabo otro tipo de políticas universitarias en las que no fuera más fácil ser expulsado por activismo que por acosar sexualmente. El nacimiento de la entidad se debe al éxito que tuvo una primera campaña que reivindicaba la reforma de las medidas para abordar y frenar la violencia de género en la institución neoyorkina, llevada a cabo por líderes activistas estudiantiles. Al finalizar la campaña recibieron mensajes procedentes de todo el país solicitando asesoramiento para replicar la iniciativa en otros campus universitarios en los que también comenzaban a alzarse voces pidiendo una transformación en este sentido.
SAFER Campus es coresponsable del avance en el diálogo nacional sobre la violencia sexual e interpersonal en las universidades que se ha abierto en las últimas décadas ya que, entre otras actuaciones, crearon “foros de escucha” entre el alumnado que dieron como resultado uno de sus proyectos de investigación más importantes “Students Speak Out!”, a través del cual se evidenció la desconfianza generalizada en la capacidad de la administración para prestarles ayuda y cómo ésta reaccionaba en demasiadas ocasiones culpando y avergonzando a las víctimas. También reveló el consenso en relación a que no se escuchaban las voces de estudiantes, así como que la mayoría de las actividades de movilización que se habían realizado hasta ese momento no habían generado cambios significativos, especialmente en lo que se refiere a la respuesta institucional a la violencia sexual. Las quejas y la frustración expresadas por el alumnado reflejaron que las políticas que se estaban configurando lo estaban haciendo al margen de su voz y su aportación o con una ínfima representación en el mejor de los casos.
De acuerdo con SAFER Campus, al mantener políticas inadecuadas y resistir a las demandas de cambio de estudiantes, las universidades crean una atmósfera que permite la violencia, silencia a las víctimas y reduce la igualdad de oportunidades y de acceso a los beneficios de una educación universitaria.
En respuesta a esta situación, la organización se propuso proporcionar recursos y formación basada en evidencias al estudiantado que desean transformar la realidad, algo que, entre otras cosas, pasaba por la reforma de las políticas con el fin de crear un cambio sostenible que durará más allá de la legislatura, rotación o periodo de activismo de un grupo concreto de líderes estudiantiles y perdurara como movimiento.
En 2018, su último proyecto de investigación publicado, en el que se analizaron datos de 50 universidades y colegios de EE.UU, concluía que el número de estudiantes que experimentan violencia sexual sigue siendo mayor de lo que indican los informes. Los datos reflejaban una necesidad dramática de priorizar por parte de las autoridades pertinentes la respuesta frente a esta problemática ya que el número de personas acusadas de agresión sexual sigue siendo reducido mientras que la violencia sexual en el campus tiene dimensiones que en el informe de la investigación, catalogan como epidémica, si bien es cierto y los datos así lo apuntan, ésta no es causada tanto por un gran número de personas sino por un grupo reducido que no sufre medidas punitivas, consecuencias o sanciones suficientemente severas por su conducta. El informe de SAFER Campus revelaba además que los procesos de denuncia y adjudicación de las personas empleadas por los colegios y universidades son muy sesgados y no suelen apoyar contundentemente a las víctimas sino que, por el contrario, son procesos que tienden a desanimarlas y desalentarlas.
En muchos casos, las políticas no incorporan aún esfuerzos de prevención primaria ni las voces del alumnado e inclusive acaban revictimizando a las personas que han sufrido agresiones y abusos. Sin embargo, la diversidad de espacios de diálogo que se han ido abriendo han permitido a las y los estudiantes expresar preocupaciones como la de tener un mayor interés en trabajar para que se genere un cambio de la cultura en las relaciones y que en ellas no quepa ningún tipo de violencia, y de responder, cuando ésta tenga lugar, de manera efectiva y contundente.
En este sentido, SAFER Campus ha contribuido a que se visibilice la importancia de que existan políticas sólidas de respuesta frente a la violencia sexual.
En nuestro país la Red solidaria de víctimas de violencia de género en las universidades también está formada enteramente por estudiantes supervivientes de abusos o agresiones sexuales que han tenido lugar y han sido perpetradas en universidades españolas, las cuales han pasado de negar su existencia a dar pasos en la visibilización y reacción frente a la violencia. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la valentía y la implicación de todas estas personas junto con aquellas que las apoyan en su lucha y que también han sufrido en muchas ocasiones acoso sexual de segundo orden por ello, han logrado inspirar a otras muchas y demostrar que sus voces se alzan cada vez con mayor alcance e impacto. Podemos leer la historia y la evolución del proceso y su lucha en la serie Omertá y cómo, a pesar de haber sufrido algo así, la suya es una historia de éxito a todos los niveles gracias a la unión y el apoyo de todas las personas solidarias, hombres y mujeres feministas y también firmemente comprometidas con la erradicación de la violencia de género tanto en la universidad como en cualquier otro contexto de nuestras vidas.
