Child & Adolescent Health, de la prestigiosa revista científica The Lancet,  publica en su último número The implications of COVID-19 for the care of children living in residential institutions, un artículo firmado por expertos internacionales como Goldman, van Ijzendoorn y Sonuga-Barke, en nombre de la comisión de la propia revista dedicada a promover la tan necesaria reforma de la atención institucional de menores y adolescentes en acogimiento residencial.

El artículo expone que la pandemia COVID-19 ha provocado en todo el mundo el cierre de numerosas instituciones residenciales y denuncia que los niños y niñas están siendo enviados en masa de vuelta a sus comunidades sin la debida consideración acerca de dónde residirán, cómo se apoyará esta transición y si se velará por su seguridad. Se teme que esta medida esté conduciendo a este colectivo de menores, ya de por sí vulnerables, a mayores niveles de estrés, problemas de salud exacerbados, falta de educación, riesgo de abandono, aumento de la pobreza y mortalidad y un mayor riesgo de sufrir violencia, abuso y trata. Con el fin de evitar las consecuencias de este abrupto proceso de reubicación, se insta a las autoridades a una toma de medidas cuidadosamente planificadas para la desinstitucionalización:

En primer lugar, los centros de menores que permanecen operativos deben seguir las pautas de salud pública y recibir orientación y apoyo específico para garantizar la protección de menores y de sus educadoras y educadores en esta situación de alarma de salud pública.

En segundo lugar, se deben mantener registros de los niños y niñas que han abandonado las instituciones y de dónde están residiendo ahora y de quiénes se ocupan de su cuidado y protección. Las familias que acogen a estas niñas y niños tienen que recibir información sobre por qué han abandonado la medida de protección residencial, qué medidas específicas tienen que llevar a cabo para su apoyo y protección y acerca de qué pueden esperar y qué no las familias de origen tras las medidas de distanciamiento.

Finalmente, debe comenzar a planificarse cuidadosamente y cuanto antes cómo se llevará a cabo la protección de estas niñas y niños una vez se levanten las medidas de salud pública, evaluando las necesidades y desarrollando un plan de caso individualizado que permita, siempre que sea posible, que puedan permanecer exitosamente en un entorno familiar con los servicios, el apoyo y la supervisión adecuada.

Desde hace décadas, la investigación alerta de los efectos adversos de la institucionalización en el desarrollo infantil y de su elevado coste económico. Fortalecer el apoyo a las familias de acogida en estos momentos es una nueva oportunidad para el cierre adecuado de instituciones residenciales y, con ello y sobre todo, nuevas oportunidades para dibujar un futuro mejor para miles de niñas y niños sin hogar en todo el mundo.

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