El pasado 14 de Mayo el Servicio de Investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNDOC, en sus siglas en inglés) publicó el informe “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America “, alertando de que las restricciones a los viajes y a la movilidad por causa del COVID-19 no están frenando el tránsito de personas que huyen de sus países debido a abusos a los derechos humanos, así como del potencial impacto que tendrán en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
El informe analiza posibles escenarios que se pueden derivar respecto al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas hacia América del Norte y Europa debido a la crisis del COVID-19. Dos son los escenarios que se resaltan.
En primer lugar, es probable que la crisis de COVID-19 haga que el tráfico de migrantes sea más arriesgado y costoso para las personas que huyen de la persecución, la violencia y los conflictos. En este sentido, las restricciones relacionadas con COVID-19 parecen tener un impacto diferente en el tráfico de migrantes que huyen de conflictos y persecuciones, en comparación con otros tipos de movimientos migratorios. El tráfico de migrantes a través del mar Mediterráneo hacia Europa, por ejemplo, se ve afectado por conflictos en África, Oriente Medio y Asia meridional. Asimismo, desde el inicio de la pandemia no se han observado cambios significativos en el tráfico de migrantes a lo largo de la ruta del Mediterráneo occidental desde Marruecos a España, en comparación con el mismo período de 2019. Los datos reflejan una disminución en el uso de la ruta del Mediterráneo Oriental de Turquía a Grecia, aunque esto probablemente esté relacionado con las negociaciones de gestión de la migración entre Turquía y la Unión Europea. También se ha detectado un aumento significativo en la ruta del Mediterráneo central desde Libia a Italia desde principios de este año, en relación con la situación de conflicto en Libia.
Lo que esto sugiere es que las restricciones de viaje y movimiento por el COVID-19 no están deteniendo el movimiento de personas que huyen de conflictos, violencia y condiciones peligrosas e inhumanas (como lo experimentan actualmente muchas personas refugiadas y migrantes en Libia), que generalmente no tienen más opción que usar traficantes de migrantes . El cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas puede aumentar el tráfico de migrantes, ya que las personas tienen una necesidad aún mayor de los servicios de los traficantes para cruzar las fronteras. Los cierres y restricciones también a menudo resultan en el uso de rutas y condiciones más riesgosas y precios más altos para los servicios de tráfico, exponiendo a las personas migrantes y refugiadas a un mayor abuso, explotación y tráfico.
En segundo lugar, es probable que el desempleo y la recesión económica den como resultado más casos de trata de personas. Se explica en el informe que la combinación de una recesión económica mundial sin precedentes y las restricciones migratorias intensificadas crea una tensión entre el creciente interés entre migrantes potenciales en la migración laboral y las opciones limitadas para la migración regular, lo cual puede aumentar la demanda de servicios de contrabando y los riesgos de sufrir tráficos. En este sentido, es probable que el fuerte aumento de las tasas de desempleo que ya se observa en muchas partes del mundo aumente la trata transfronteriza de personas de países que experimentan las caídas más rápidas y duraderas del empleo. Desgraciadamente, esta tendencia ya se observó durante la crisis financiera mundial durante 2007-2010, cuando las víctimas de la trata de algunos países particularmente afectados por altas tasas de desempleo prolongadas se detectaron cada vez más en otras partes del mundo (por ejemplo, víctimas de trata de Bulgaria, detectadas en los Países Bajos).
De aquí la necesidad de que los gobiernos tengan en cuenta que inversiones en creación de empleo y recuperación económica tanto en países desarrollados como en países en desarrollo pueden tener un impacto directo en prevenir el aumento de la delincuencia, el abuso, la violencia, la explotación y la trata de personas.
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