Silvia A. ha visto como la última sentencia del sistema judicial catalán la ha separado de sus hijos, a pesar de denunciar por activa y por pasiva que le estaban aplicando el SAP, un síndrome rechazado por la comunidad científica desde hace décadas, y también rechazado por el Consejo del Poder Judicial General, así como en el Pacto de Estado en contra de la Violencia de Género.

Si nos detenemos a la definición de prevaricación dice ser “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.  Si lo aplicamos en este caso, se puede ver como el sistema judicial en este tipo de caso está fallando, si la jueza en cuestión ante los informes psicológicos donde se argumenta el SAP o la mal llamada preocupación mórbida (un sucedáneo del SAP), no se detiene a identificar que dichos argumentos son rechazados tanto por la comunidad científica, como por las recomendaciones que marcan nuestro marco común normativo anteriormente citados, ¿no debería ser considerado una resolución injusta?  La ciudadanía espera que tanto jueces como juezas apliquen con rigurosidad la ley, y también las recomendaciones acordadas en documentos clave como los ya mencionados.  Y hay muchos y muchas que así lo hacen.  Pero hay otros y otras que no.   Y cuando la vida de niñas y niños están en sus manos, aun así, tampoco.

Si el testimonio de una niña valiente que dijo a su madre que su padre la molestaba, y que no quería estar con él, porque le hacía cosas cuando estaba en el baño que no le gustaban, resulta que recibe como mensaje de los que deberían protegerle que su madre es la culpable de que ella piense así. Y para más inri, finalmente le retiran de su lado para llevarla a un centro de menores, así desprogramar de su mente el rechazo que siente hacia su padre. Al final lo que puede entender la niña es que mejor callarse y no denunciar, porque acabas perdiendo, como es el caso de momento, lejos de su madre y de su hermano, y con terapias dirigidas a reconectar con el padre, cuando ella siempre ha mostrado, según las fuentes consultadas, un rechazo absoluto desde que ocurrieron los incidentes.  Parece el guion de una película de terror, pero no es así, es la realidad a la que se enfrentan aquellas víctimas que se encuentran como jueces a personas totalmente insensibles a esta materia. Si pudiéramos contabilizar donde existe prevaricación en sentencias judiciales, un caso más que probable sería el relacionado con los abusos sexuales a menores intrafamiliares.

Este trato a las niñas y niños es impensable en otros países como, por ejemplo, en el Reino Unido.  Tratar así a las niñas y niños que se atreven a denunciar, o a sus madres, solo hace que se envíe un mensaje unívoco “esto es lo que pasa a quien se atreve a denunciar”, colaborando así a que se siga reproduciendo el silencio ante los abusos sexuales intrafamiliares que, como dicen los informes, representan más del 80% del total de los casos de abuso sexuales.

Sigue siendo este uno de los temas más urgentes a tratar por las instituciones y, cada minuto que pasa sin resolverlo, se está colaborando en realizar un daño a las víctimas más vulnerables, en este caso, a la hija e hijo de Silvia, y a tantas otras niñas y niños que hoy se encuentran en esta situación por resoluciones injustas, conviviendo con personas que han agredido su infancia, y entendiendo que el sistema que debía protegerlos ha colaborado con seguir perpetuando su sufrimiento. 

Es hora de que todas aquellas autoridades responsables en esta materia puedan colaborar rápida y efectivamente para dar la vuelta a la situación, y contribuir así a la seguridad y bienestar de las niñas y niños, desde las evidencias científicas y no de las ocurrencias que dañan vidas.

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