El País fue uno de los periódicos que se hizo eco de un expediente que Inspección de Trabajo abrió a la Universidad de Barcelona a raíz de un caso de presunto acoso sexual, recogiendo que “fuentes de la UB han asegurado que en los archivos de la asesoría jurídica del centro no consta ninguna queja formal de Maria Angels Felipe contra Manuel A., pese a que la denunciante guarda el resguardo de sus reclamaciones, por lo que no se ha iniciado trámite alguno para investigar los hechos“. Los Servicios Jurídicos de una universidad pública debieran estar al servicio de estudiantes, profesorado o PAS que sufren violencia de género. Sin embargo, somos muchas las víctimas que no nos vimos defendidas, sino atacadas por sus actuaciones.
Rectores y Servicios Jurídicos justificaban el “status quo” diciendo que, al ser mayores de edad las supuestas víctimas, si “se metían” en esas situaciones, era porque querían, que a las que no lo querían no les pasaba nada. Afirmaban con rotundidad que la violencia de género no existía en las universidades y que, por tanto, no era necesaria ninguna comisión, ni oficina, ni protocolo, ni ningún otro tipo de actuación al respecto, que bastaba con los servicios jurídicos. Y que si alguna sufría violencia género eso entraba en lo privado, que no tenía que ver con la universidad y que se dirigiera a la justicia ordinaria. Consideraban que las víctimas que denunciábamos y quienes nos defendían perturbábamos la paz universitaria, desprestigiábamos a la universidad y nos entrometíamos en las vidas privadas de las personas que nos agredían.
La Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en las Universidades hemos solicitado varias veces entrevista a los sucesivos rectores y nunca nos han contestado a la petición. A algunas que hemos conseguido abrir expedientes a presuntos acosadores nos has tratado en el proceso de investigación como acusadas en lugar de como acusadoras. No nos han preguntado apenas por lo que nos hacían los acosadores, pero sí insistentemente por nuestras supuestas relaciones sexuales, especialmente por las que las mentiras de los acosadores nos atribuían con las personas que nos apoyaban. Eran los poderes universitarios quienes se entrometían en nuestras vidas privadas, quienes desprestigiaban a la universidad, quienes mantenían la impunidad de quienes perturbaban la paz universitaria.
Sentimos tener que decir que todavía ni Rector ni ninguna autoridad universitaria nos ha ni contestado siquiera a nuestra petición de entrevista, ni mucho menos a nuestro requerimiento de que abran expediente informativo sobre la revictimización y el acoso sexual de segundo orden que se nos siguen haciendo. Pero cada vez hay más cambios, los acosadores y los poderes universitarios que los apoyan van retrocediendo y cada vez es más insostenible decir que estás en contra de los acosos y que no apoyas decididamente a quienes desde siempre estamos actuando para erradicarlos.
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