La erradicación de la violencia pasa por prevenirla, evitar que ocurra y poner el foco de atención en cómo hacer para que nunca llegue a darse. En el caso de España, cuando se trata de abuso sexual infantil, cada vez se desarrollan más iniciativas con perspectiva preventiva pero, mientras se llega al objetivo final, aún existe un amplio margen de mejora y numerosos problemas que resolver sobre la atención y tratamiento que reciben las niñas y niños víctimas de abuso sexual cuando se detecta que sufren esta situación. La Ley, que ya fue catalogada en su momento de “anticuada”, tiene pendiente una actualización por la que diversos organismos llevan luchando desde hace años.

En relación con ello, el próximo martes 17 de diciembre la ONG Save The Children presentará en la Jornada “Infancia víctima de abusos sexuales” el modelo Barnahus como propuesta de mejora del proceso de protección y atención a los niños y niñas que sufren violencia sexual en la Comunidad de Madrid. Éste es un enfoque basado en evidencias que se lleva implementando desde el año 85 en EE.UU. y que, tras comprobarse su impacto positivo, durante los últimos años se ha extendido en gran parte de Europa. Así, en muchos países se ha incluido ya la entrevista forense grabada ante un representante del ámbito judicial para garantizar que la prueba sea válida para el juicio y que el menor no deba volver a declarar. El modelo integra y coordina los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales y desde los diversos ámbitos atiende a las niñas y niños víctimas de abuso sexual. El objetivo es proporcionar la mejor atención posible de forma rápida, coordinada y eficiente con el fin de favorecer su recuperación. 

Tal y como afirma Save The Children en un informe titulado “Bajo el mismo techo” publicado en 2018, en  España el proceso judicial no garantiza el interés superior del niño porque el abuso sexual infantil está tipificado en el Código Penal llevando a que cuando se denuncia este delito comience un proceso judicial paralelo y sin conexión con el que se inicia cuando se identifica el abuso por parte de los servicios de detección. 

El principal motivo en este caso es que el objetivo básico del sistema judicial no es la protección de la víctima sino el enjuiciamiento de un presunto hecho delictivo, es decir, el niño o la niña víctima de abuso sexual es tratado desde el punto de vista de alguien que es testigo de su propia historia, de lo que se desprenden algunas consecuencias graves; una de ellas, el tratamiento que acaban recibiendo las víctimas que, en estos casos, son niños, niñas o adolescentes, ya que el proceso queda relegado a la contraposición de dos testigos, el de la persona acusada y el niño o la niña que es víctima

En Cataluña, por ejemplo, según datos recogidos en el mencionado informe, una vez denunciados los hechos la víctima vuelve a tener que explicarlos una media de cuatro veces, una de ellas en el plenario, y en función de cómo se atienda al niño o la niña éstos pueden relatar los hechos de forma óptima o bien echarse atrás, bloquearse, asustarse.., de modo que el juicio no pueda culminar, resultando de ello una sentencia absolutoria del acusado por falta de pruebas. Esta situación, que en Cataluña se da en siete de cada diez casos, permite y expone a las víctimas a volver a encontrarse con su agresor. 

Por otra parte, existe cada vez un mayor número de evidencias que destacan, por un lado que la respuesta que se da en estas circunstancias es crucial por sus implicaciones a largo plazo en la aparición de traumas y síntomas físicos y, por otro, el papel que la comunidad juega en ello, y en este sentido no está siendo todo lo idónea que podría en muchos casos.

El modelo Barnahus, siguiendo las indicaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, propone diez estándares de calidad para impulsar su implementación independientemente de las características del contexto: 

  1. Poner el interés superior del niño o la niña en el centro de la intervención. 
  2. Trabajar desde un marco regulador formal multidisciplinario e interdepartamental.
  3. Incluir a todos los niños y niñas como posibles usuarios del centro.
  4. Proporcionar un entorno amigable para las niñas, niños o adolescentes.
  5. Gestión interdepartamental.
  6. Entrevista forense.
  7. Exámen médico.
  8. Servicios terapéuticos.
  9. Formación continuada y desarrollo de competencias.
  10. Prevención, compartir, información, sensibilizar y construir competencia externa.

Así, este planteamiento ha mejorado aspectos, como el aumento del número de casos de victimización sexual infantil en los que el agresor ha sido acusado y ha demostrado que mejora la detección, la evaluación de las víctimas y la recogida de pruebas testimoniales. Además de los Países Nórdicos, otros como Alemania, Reino Unido, Polonia, Malta, Lituania, Hungría, Chipre o Estonia se han sumado a las recomendaciones del Consejo de Europa en base a evidencias; también comunidades como Tarragona con la iniciativa “Casa dels Infants”, y han comenzado la transformación de los anteriores servicios en Casas Barnahus con el fin de reducir en la medida de lo posible la revictimización de los niños y niñas que han sufrido violencia sexual y proporcionarles un mejor trato en todos los aspectos posibles.

Si quieres, puedes escribir tu aportación