La violencia de género es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos que actúa como barrera para el desarrollo sostenible en todas las sociedades. A nivel mundial, alrededor de un 35% de las mujeres son víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, una cifra alarmante que aumenta si se tiene en cuenta a las mujeres víctimas de perpetradores fuera de la pareja o expareja. En España, la cronología de mujeres víctimas mortales por violencia de género se empieza a registrar en el año 2003 y, a fecha de 31 de julio de 2019, asciende a 1.012 asesinadas, a falta de actualizar la cifra en los últimos Boletines Estadísticos Mensuales de Violencia de Género (Gobierno de España, 2019). La magnitud mundial de esta vulneración de derechos, su impacto en la salud y el bienestar y la preocupante incidencia a edades cada vez más tempranas, requiere colocar el foco en la prevención, mitigando los factores de riesgo y contribuyendo a aumentar los factores de protección.
La Organización Mundial de la Salud, junto a las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, UN Women y otros organismos internacionales han publicado el informe RESPECT Women. Preventing violence against women (OMS, 2019), dirigido a incidir sobre todo en las políticas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el mundo, pero también enfocado al diseño, planificación e intervención efectiva en esta materia, ya que revela que la mayoría de mujeres y adolescentes (entre un 55% y un 95%) supervivientes de la violencia de género no llega a denunciar ni a solicitar apoyo de servicios especializados.
Para reducir los factores de riesgo e incrementar los factores de protección, el informe revela cuatro ámbitos de actuación: sociales, comunitarios, interpersonales e individuales, a través de los que, además de un avance legislativo, se incide en la relevancia de una socialización en valores igualitarios en las relaciones entre géneros y en la importancia de la educación, en línea con informes europeos que establecen que la secundaria es el nivel mínimo de estudios para facilitar la inclusión social (Eurostat, 2016) o estudios de organismos internacionales que vinculan el nivel educativo de mujeres y niñas con el objetivo de igualdad de género y prevención de la violencia, subrayando que “cada año adicional de educación posterior a la primaria tiene importantes efectos multiplicadores para las niñas” (UN Women, 2018).
El informe de la OMS (2019) manifiesta que prevenir la violencia de género es posible y, para ello, necesitamos desarrollar una teoría del cambio que fortalezca las relaciones de género igualitarias, empodere a mujeres y niñas en diferentes ámbitos de actuación social empezando por la educación, asegure la eficacia y accesibilidad de servicios especializados en igualdad y prevención de la violencia de género, elimine los factores de riesgo asociados a la pobreza y abuso infantil y transforme actitudes, creencias y normas para garantizar entornos seguros libres de violencia.
