Los prejuicios que pesan sobre las familias gitanas y sobre estas y la educación a menudo enturbian e invisibilizan las aportaciones del colectivo en esta área. Aquí, se destaca su contribución en la lucha por el derecho a la libertad de todas las niñas y niños. Así pues, varias familias gitanas nos han hecho saber su rechazo e indignación hacia ciertas iniciativas educativas que, bajo el pretexto de trabajar y enseñar la libertad sexual, pretenden poner en marcha prácticas dentro de los centros educativos públicos que no están basadas en ninguna evidencia científica, y que consideran que exponen y coartan la libertad de todas las niñas y niños, siendo este un colectivo especialmente vulnerable.

Pese a ser tachadas con frecuencia de machistas, sumisas y reprimidas, estas madres gitanas no han dudado en manifestar su repulsa hacia este tipo de “experimentos” y “juegos”  y en reivindicar el respeto por la libertad sexual de los más pequeños.

Lejos de lo que podrían llevarnos a pensar los prejuicios más habituales, estas madres gitanas son quienes más están reaccionando frente a este tipo de iniciativas abusivas; les preocupa profundamente la educación de sus hijas e hijos y lo que las personas adultas hacen con ellas y ellos dentro de las aulas escolares.

Si nos paramos a hacer una reflexión, resulta sorprendente la tolerancia y la aceptación que existe respecto a iniciativas educativas de contenido sexual dirigidas a menores, en las cuales se ofrece como ‘juegos’ y ‘experimentación’ que menores de edad sean usados como conejillos de indias guiados por personas adultas que les coaccionan a probar con sus cuerpos y con los de los demás. ¿Es eso libertad? No nos engañemos, gran parte de estas iniciativas “innovadoras” no acostumbran a tener ni base científica sólida, ni parten de la libertad de todas y todos para decidir qué hacer con sus cuerpos, emociones y sentimientos. ¿Qué garantías tenemos para poder asegurar que esos espacios estarán libres de episodios de abuso o incluso de pederastia? ¿Podemos dejar a nuestras y nuestros menores solos ante esto? Es un gesto muy valiente el de estas madres gitanas, que se han plantado para exigir que no se experimente con las niñas y los niños y que no se les exponga todavía más.

Estas reclamaciones deberían incrementar la conciencia social sobre la gravedad del asunto y que no queden silenciadas por aquellas voces que pretendan desacreditar la demanda por provenir de una “cultura machista”.

Necesitamos más debate público sobre esto, y hablar desde lo que realmente es, de forma clara y descubriendo los intereses -económicos y no económicos- que hay detrás de estas prácticas y de quienes las promueven y las defienden. 

Nosotras no vamos a permanecer pasivas frente a cualquier amenaza a la libertad sexual de las y los menores. Nuestro posicionamiento está en línea con la tendencia internacional que ya se ha encargado de prever garantías para cualquier iniciativa sobre sexualidad que involucre a menores. La política de Save the Children, en este sentido, considera que cualquier persona menor de 18 años no puede dar legalmente su consentimiento informado para una actividad sexual

Tal y como recogen Save the Children en la definición de sus políticas de seguridad, 

“It is Save the Children’s Policy that any individual under the age of 18 is a child and is “underage”, regardless of the legal age of consent of the country in which s/he lives and/or in which the offense occurs. An underage child cannot legally give informed consent to sexual activity. Sexual activity with a Child with or without their consent will be treated as a serious issue and will result in disciplinary action being taken, including termination, and the pursuit of any other available legal remedy.” 

¿En qué estándares continuaremos basando la educación en España? ¿En continuar manteniendo los negocios de unos pocos y pocas, o en línea con los planteamientos de la comunidad científica internacional?

Por todo esto, apelamos al debate abierto y público de todas y todos sobre cómo garantizar la seguridad y la libertad de las y los menores.

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